Abogados y familiares de campesinos paraguayos, presos desde el cruento desalojo efectuado en junio pasado en la localidad de Curuguaty, declararon que ellos están en huelga de hambre, algunos sin sanar de sus heridas de bala.

Una docena de labriegos siguen prisioneros y más de 30 son calificados de prófugos tras el episodio, en el cual fallecieron 11 campesinos y seis policías, aún sin esclarecer totalmente por la fiscalía.

Los familiares comparecieron en un noticiero televisivo y denunciaron lo que consideran como violación de los derechos humanos por el mantenimiento de la prisión indefinida, demoras en las investigaciones y con varios convalecientes de heridas sin suficiente atención médica.

Por su parte, el abogado defensor Guillermo Ferreiro acusó a la fiscalía de irregularidades en las investigaciones y por negarle el acceso a la carpeta con los expedientes y las supuestas pruebas obtenidas.

Destacó la informalidad en la notificación de los peritajes realizados en la zona del enfrentamiento, lo cual se hizo con cuatro días de retraso despertando sospechas, según el jurista.

El abogado reiteró su apoyo al informe paralelo presentado sobre los hechos por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos por las investigaciones llevadas a cabo por un grupo de juristas y personalidades.

Ese documento eximió a los campesinos de responsabilidad en la muerte de los policías y dijo que francotiradores no identificados realizaron los primeros disparos con armas automáticas nunca halladas, creándose así sospechas de una maniobra política tras lo sucedido-.