LA PAZ.— El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, culpó a Estados Unidos de proteger a personas vinculadas con la masacre de 2003 en el país andino, en referencia al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, exiliado en aquella nación.

El también presidente de la Asamblea Legislativa participó en el acto de entrega del Bono Juancito Pinto en la ciudad de El Alto y siguió la estela del presidente Evo Morales, quien en los últimos días se refirió a la posición hostil de Estados Unidos contra su gobierno.

García Linera hizo referencia a la revuelta protagonizada en octubre de 2003 por habitantes de El Alto en protesta por la venta de gas natural a Estados Unidos y México, la cual fue sofocada por orden de Sánchez de Lozada con un saldo de 60 muertos y más de 400 heridos.

Sánchez de Lozada y varios de sus ministros escaparon después a Estados Unidos, cuyo gobierno los protege, pese a los pedidos de extradición de Bolivia, insistió el vicepresidente.

"Octubre marcó el derrumbe de una pandilla de criminales que estaban dispuestos a matar a todos los bolivianos con tal de preservar sus privilegios", recordó el vicemandatario.

"Esos criminales han escapado a Estados Unidos y lamentablemente la embajada norteamericana y el gobierno norteamericano en vez de hacer justicia, de ayudar a castigar a un criminal, a un genocida, lo encubre y lo protege", insistió.

El vicepresidente lamentó el rechazo de Washington a la solicitud boliviana para la extradición del ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, porque insistió que "protege a criminales y genocidas por una política estatal y sin fundamento legal".

Para García Linera, "es una decisión política. No es un hecho legal, es la decisión política de un gobierno que siempre ha protegido y parece ser que quiere seguir protegiendo a los poderosos, a los malvados, a la gente que tiene veneno en el corazón".

Por otra parte, el vicepresidente boliviano recordó que la denominada guerra del gas, de octubre de 2003, marcó el inicio de una nueva era para el país, caracterizada por la recuperación de los recursos naturales, en apego a lo que establece la nueva Constitución Política del Estado.