LUXEMBURGO, 15 de octubre.— Los 27 ministros de Exteriores de la
Unión Europea (UE) aprobaron este lunes un nuevo arsenal de
sanciones contra Irán y Siria que se suman a anteriores medidas
coercitivas tomadas por el bloque para injerir en la vida política
de ambos países.
En el caso del país persa, "las sanciones buscan persuadirlo a
comprometerse a retornar las negociaciones y responder a las
inquietudes sobre su programa nuclear", indicó la UE en un
comunicado tras la reunión en Luxemburgo, según AFP.
"No están dirigidas a la población civil", justifica el texto.
Sin embargo, no se explica cómo el bloqueo de sectores clave como
las telecomunicaciones, las transacciones financieras, los
hidrocarburos, el transporte y el comercio no tendrán un impacto en
la ciudadanía.
La UE incluyó a 34 empresas y una persona del Gobierno iraní en
su lista negra, lo cual hace posible que se les congelen sus bienes
y se les impida un visado para viajar a un país europeo.
Irán ha insistido que, contrario a la campaña internacional de
algunas potencias occidentales, su programa nuclear tiene fines
pacíficos y responde al derecho que tienen todas las naciones a
utilizar esta energía para su desarrollo.
Los jefes de la diplomacia de la UE también aprobaron nuevas
sanciones contra Siria al congelar los fondos y prohibirles los
visados a 28 personas cercanas al Gobierno.
Con esta nueva ronda de medidas coercitivas, suman 181 personas y
54 empresas en Siria las que se han incluido en la lista negra de la
UE. En algo más de un año, el bloque ha aprobado 19 rondas de
sanciones contra Damasco. Por su parte, las autoridades sirias han
asegurado que varios países europeos financian y apoyan a las bandas
armadas que asolan el país.
Entretanto, PL refiere que el enviado especial de las Naciones
Unidas para Siria, Lakhdar Brahimi, reiteró la necesidad de un cese
al fuego en ese país y el fin del suministro de armas a las partes
en conflicto, según recoge un comunicado oficial difundido por la
ONU.
La nota, firmada por el vocero oficial Brahimi, apunta que la
implantación de un cese el fuego ayudará a crear un ambiente que
permita la apertura de un proceso político hacia una solución de la
crisis.