CAMAGÜEY.— La eliminación de más de 4 000 ilegalidades en esta
provincia desde el año pasado hasta la fecha, constituye apenas, una
muestra del enfrentamiento resuelto de las autoridades locales
contra todo lo que viole la disciplina y las regulaciones
urbanísticas y medioambientales.
Así lo ratifica la arquitecta Anelys Marishall, directora
provincial de Planificación Física, al ofrecer detalles acerca del
proceso de actualización y perfeccionamiento de los planes
integrales para la erradicación de las infracciones, asunto que
involucra a los trece municipios camagüeyanos.
Según la especialista, a los problemas dictaminados inicialmente
durante el 2011, relacionados en lo fundamental con el tema de la
vivienda, se suman otros que están en el ámbito de la protección del
medio ambiente o inciden sobre los recursos hidráulicos del
territorio, por solo citar dos ejemplos.
"En este grupo de contravenciones —explica Marishall— se pueden
mencionar los vertimientos ilegales hacia los cauces de agua, la
falta de plantas de tratamiento de residuales, la proliferación de
cochiqueras en lugares inapropiados y las conexiones no autorizadas
a las redes hidráulicas".
En lo que respecta al sector estatal, se han definido 557
transgresiones, previa certificación por parte de los organismos y
empresas del territorio, para cuya erradicación, con plazo límite
hasta el 2014, deben establecer sus respectivos programas de acción
y planificar los recursos materiales y financieros necesarios.
La directora provincial de Planificación Física refiere, sin
embargo, que cerca del 56 % del total de las violaciones se
concentra en los edificios multifamiliares, motivado por la
ocupación de sus espacios comunes con diversos fines y la
construcción de estructuras adosadas a los mismos.
Jimaguayú es el municipio que más ha avanzado en la eliminación
de las ilegalidades acumuladas durante años, lo que se refleja hoy
en un entorno higiénico-ambiental favorable y un cambio de imagen
perceptible en sus principales comunidades, aunque aún le quedan
asuntos por resolver.
En sentido negativo aparece el municipio cabecera provincial,
territorio con más de 300 mil habitantes que concentra el mayor
número de infracciones de diverso tipo y también la magnitud de las
complicaciones, aunque se trabaja de manera ordenada, sobre bases
legales, que conduzcan a su definitiva erradicación.