Sergio Alejandro Gómez

El sistema de control, influencia y atención sobre las personas que cumplen sanciones o medidas penales en libertad ha demostrado ser útil y necesario en la prevención y enfrentamiento del delito, afirmó este jueves el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, durante los debates del VII Taller Nacional sobre el tema.

El presidente del Tribunal Supremo Popular acompañado de representantes de las instituciones, órganos y organismos sociales y de masas, que intervienen en el sistema de control a sancionados.

Reunidos en el Centro de Convenciones de Cojímar, en La Habana, juristas de todo el país y representantes de las instituciones, órganos y organismos de la sociedad civil cubana evaluaron la marcha de este sistema —que cuenta ya con 12 años de implementado— y debatieron sobre cómo perfeccionarlo y adaptarlo a las transformaciones del modelo económico y social que vive el país.

Ferro avaló la efectividad de los mecanismos de control de aquellas personas sujetas a sanciones que no implican internamiento en establecimientos penitenciarios.

Solo una de cada diez personas que participan en este sistema son revocados, y se remiten a las prisiones, mientras la gran mayoría cumple su sanción, precisó.

Entre las ventajas de este modelo citó que propicia la participación de toda la sociedad en la rehabilitación de este sensible segmento de población y "las prisiones se reservan para las formas más graves y agresivas de delitos".

La incorporación de los sancionados al trabajo como derecho, deber y necesidad social fue otro de los asuntos examinados, especialmente de cara a los cambios introducidos en este sector por la actualización del modelo económico.

El 97,3 % de todas las personas controladas están vinculadas laboralmente y "gozan de los mismos beneficios sociales que el resto de los trabajadores", con la única diferencia de las peculiaridades que establecen sus sanciones, indicó Ferro.

El 64,8 % labora en centros estatales y el resto en fórmulas no estatales, entre las que destaca el trabajo por cuenta propia.

Esta modalidad, en pleno aumento, ha sido un reto asumido de manera integral en los distintos territorios.

Mirelys Reyes, jueza de ejecución en el municipio de Florida, Camagüey, dijo que algunos sancionados buscan subterfugios para engañar a la autoridad, como carboneros que no producían un tizón, sino que se dedicaban a revender, o desmochadores que nunca habían subido una palma. A esto se ha respondido con un trabajo de control sistemático y profundo, aseguró.

También dijo que se han implementado medidas especiales para controlar labores por cuenta propia con ciertas complejidades como los vendedores ambulantes, a quienes se restringió a un solo Consejo Popular para poder supervisarlos.

Uno de los principios fundamentales de este sistema es crear un "traje a la medida" para cada sancionado, que tome en cuenta las características del caso, los antecedentes sociales, el tipo de sanción y el contexto del territorio, enfatizó Ferro.

Asimismo, coincidieron varios panelistas, la clave para el éxito está en utilizar todas las potencialidades del proyecto social socialista cubano, y fortalecer la institucionalidad para que cada cual cumpla con su misión.