El último presidente del PRI de la vieja era, el mexicano Ernesto Zedillo, actual profesor de economía y política de la universidad de Yale, puede respirar tranquilo. El Departamento de Justicia de EE.UU. le ha otorgado inmunidad diplomática y, por tanto, no enfrentará los cargos que se le imputan en un tribunal de New Haven (Connecticut) donde se le pretendía procesar como responsable intelectual de la matanza de Acteal, el asesinato en 1997 de 45 indígenas de ese pueblo de Chiapas (entre ellos mujeres embarazadas y niños) a manos de un grupo, también de indígenas, supuestamente armado por el Estado.

El gobierno de EE.UU. consideró que "los señalamientos de los demandantes", diez supuestos supervivientes que nunca publicitaron su nombre, "de que el ex presidente Zedillo debe ser juzgado por la conducta de funcionarios de menor rango, simplemente por su posición como presidente en ese momento, no proveen una suficiente razón para cuestionar" su inmunidad.

El ex mandatario, en un escrito hecho público en enero, había calificado las acusaciones de "indignantes" y "carentes de fundamento", criticó que fueran anónimas y las vinculó con el proceso electoral que tuvo lugar en México el pasado mes de julio.

La decisión ha indignado a colectivos sociales pese a que las víctimas, organizadas en el colectivo Las Abejas, dejaron claro que ellos no tienen nada que ver con la denuncia "civil" que lo que reclamaba era una indemnización de 50 millones de dólares. Según un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) -representante legal de los supervivientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, lo que reivindican las víctimas no es una cuestión de dinero sino de "justicia y verdad" para que no se repitan los hechos, se castigue "a los autores materiales e intelectuales de la masacre" y se ofrezca una "reparación integral" a los afectados.

"Para nosotros es claro que quienes interpusieron la demanda civil en EE.UU. no tienen la misma motivación de las y los sobrevivientes de la masacre sino que responden a intereses fácticos ligados a los grupos en el poder político del Estado mexicano", añade la nota.

En esta línea, el semanario The Economist, apuntaba directamente al partido del ex presidente y dice que facciones del PRI arremetieron contra Zedillo porque durante su mandato (1994-2000) rompió "dos reglas no escritas del régimen autoritario" que imperó durante el siglo XX: aprobó reformas que llevaron a las primeras elecciones libres, las del año 2000, que acabaron con la hegemonía priísta; y permitió la detención de Raúl Salinas de Gortari, el hermano de su antecesor, por supuesto "enriquecimiento ilegal" y por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.

El gobierno de Felipe Calderón había abogado ante su par estadounidense para que garantizara la inmunidad del ex mandatario y subrayó que EE.UU. no es competente para juzgar hechos que tuvieron lugar fuera de su territorio y en el que no están involucrados sus ciudadanos. Pero muchos en México creen que con este apoyo a Zedillo, Calderón quería garantizarse una actitud similar por parte de su sucesor, el priísta Enrique Peña Nieto, si llegara a prosperar la denuncia que un grupo de víctimas de la guerra contra el narco interpusieron contra él en 2011 ante la Corte Penal Internacional.

Mientras, en Chiapas, la sensación de impunidad crece. El Frayba asegura que la inmunidad de Zedillo, a quien ellos consideran culpable "por acción y omisión", tendrá como resultado "proteger y encubrir a responsables de crímenes de lesa humanidad" con lo que EE.UU. viola los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.

UN GRUPO DE INDÍGENAS CONMEMORA LA MATANZA EN CHIAPAS.

El 1 de enero de 1994, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), liderado por el subcomandante Marcos, se alzó en armas para terminar con la marginación de los indígenas y campesinos que vivían sumidos en la pobreza. El conflicto armado abierto duró solo unos días pero el gobierno federal, dirigido desde diciembre de 1994 por Zedillo, desplegó después un intenso operativo militar que, según las comunidades de la zona y las denuncias de organizaciones de derechos humanos, conllevó que se armara y entrenara a grupos de indígenas priístas para hacer el ‘trabajo sucio’, desestabilizar el área y controlar a los insurgentes. En 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés pero el conflicto de baja intensidad continuó. La masacre de Acteal fue el suceso más dramático de la década y el que hubiera un puesto del ejército a 200 metros del pueblo pero nadie hiciera nada para evitar los asesinatos confirma, según las ONG, la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado.

La masacre conllevó la renuncia del secretario de Gobernación de la época (ministro del Interior), Emilio Chuayffet, y del Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como por la detención de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó (localidad de la que depende Acteal) por haber proporcionado las armas para realizar la acción. "Mi presidente, no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos", respondió el entonces gobernador al alcalde, según la declaración que este hizo a las autoridades.

Después de la matanza, 34 indígenas fueron detenidos, enjuiciados y declarados culpables, pero la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de 20 de ellos en 2009 y de 7 más en 2011 porque no se cumplió el debido proceso y la Procuraduría General de la República fabricó pruebas para inculparlos.

"Mire aquella casa", decía a esta periodista hace meses un miembro del colectivo Las Abejas, Sebastián Pérez, desde la puerta de la iglesia donde un centenar de personas con armas de grueso calibre dispararon aquel 22 de diciembre contra la población civil. "Allí vive uno de los que participaron en la masacre y que acaba de ser liberado por la Corte Suprema. Eso genera mucha tensión, el puesto del ejército sigue a unos cientos de metros y en la zona hay muchas armas. La situación cada vez se parece más a la de antes del 1997 cuando se presionó contra civiles para que la guerrilla zapatista actuara".

Para el Frayba, tanto el PRI como el PAN y el PRD (en el poder en Chiapas desde 2000) se han confabulado, bien por intereses políticos, bien por motivos económicos, para que los culpables de los crímenes contra civiles ocurridos en el estado en las últimas dos décadas queden impunes.