Un Manifiesto público firmado hoy aquí por personalidades de la vida política nacional expresa el rechazo a la actitud amenazante del gobierno británico hacia Ecuador de una eventual incursión en la Embajada de Londres.

En el documento se considera jurídicamente inadmisible la invocación a la Ley de Sedes Consulares y Diplomáticas de 1987 por parte del Reino Unido, para fundamentar que podrían tomar acciones a fin de detener al periodista australiano Julian Assange en las instalaciones diplomáticas de este país.

Es insostenible que fuerzas de seguridad puedan ingresar en nuestra embajada fundamentándose en una ley que es parte del ordenamiento jurídico interno de la Gran Bretaña, señalan los signatarios.

Es decir, carece de la jerarquía suficiente para oponerse a normas y principios del derechos internacional, precisan, entre otros, Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional; Carlos Romero, de la Corte Nacional de Justicia, y Marcela Miranda, del Consejo de Participación Ciudadana.

También son firmantes del texto Galo Chiriboga, titular de la Fiscalía General; Carlos Pólit, de la Contraloría; Paulo Rodríguez, del Consejo de la Judicatura de Transición, y Pedro Solines, de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Además, expresaron su disconformidad con los términos en que el gobierno británico se dirigió a su par ecuatoriano en el propósito de apresar a Assange y extraditarlo a Suecia, donde es reclamado por presuntos delitos sexuales.

En el documento se destaca, además, que el ejecutivo ecuatoriano ha presentado al resto de Funciones del Estado toda la información relacionada con este caso, así como también ha sustentado la base legal por la cual se concedió el asilo al fundador de Wikileaks.

Precisa que, según las normas internacionales, la concesión del derecho de asilo no es considerado un gesto inamistoso, peor aún constituye un antecedente que faculte al país anfitrión a irrumpir en las oficinas de cualquier misión diplomática.

Se argumenta que la irrupción en cualquier misión diplomática constituye una práctica incompatible con lo previsto en el artículo 22 de la Convención de Viena de 1961, que norma la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

Desde Australia llegan reportes este miércoles a Quito sobre las declaraciones del abogado español Baltazar Garzón de la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia para conseguir el salvoconducto que permitirá a Assange viajar a Ecuador.

Precisó que el Reino Unido está obligado por la ley internacional a facilitar a Assange la salida segura del país para que se acoja a la oferta de asilo diplomático hecha por Ecuador.

En esta jornada se informó que el vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, irá Europa en un viaje de trabajo en el cual no tiene previsto entrevistarse con el australiano asilado en la embajada de su país en Londres.