España vive un intenso debate sobre su servicio de salud. El calendario avanza hacia el 1 de septiembre, día en que entrará en vigor en su totalidad la reforma sanitaria. Y paralelamente se va gestando una rebelión sanitaria. Las organizaciones de médicos se oponen a las nuevas restricciones para atender a inmigrantes sin papeles, estipuladas en la nueva normativa.

"En la nueva legislación se excluye la atención a este colectivo", le explica a BBC Mundo el doctor Salvador Tranche, quien además de atender pacientes en el Centro de Atención Primaria El Cristo en Oviedo (Asturias) es secretario de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc).

La institución, que agrupa al 65% de los médicos de familia españoles, lanzó una campaña para que médicos de cualquier especialidad se declaren objetores de conciencia. Es decir, ignorarán la parte concreta del Real Decreto 16/2012 que tiene que ver con los indocumentados, que se calculan en más de 150.000 en toda España. "Vamos a seguir atendiendo a estas personas", asegura.

Más de 1.000 médicos ya han rellenado el formulario en la web de la Semfyc. En él los galenos manifiestan su "voluntad de querer ejercer la objeción de conciencia" contra la normativa "que deja sin prestación sanitaria a personas que hasta ahora habíamos atendido en nuestras consultas".

Tranche explica que no buscaron llegar a esta situación. Primero intentaron lograr que el Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, modificara su postura. Al no recibir respuesta, decidieron avanzar en esta iniciativa de desobediencia civil.

Pero no son los únicos. Otro ejemplo es la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que también llama a la objeción, no sólo a médicos, sino a todos los profesionales de la salud.

Mientras, desde el Gobierno se encargan de remarcar que los indocumentados podrán seguir haciendo uso del servicio de urgencias. "El problema es que un enfermo crónico necesita un tratamiento continuo", explica Tranche refiriéndose a enfermos de sida, cáncer o que necesitan diálisis.

Pocas semanas después de conocerse la reforma se publicó en el diario El País una carta escrita por un médico especialista en HIV. El doctor Federico Pulido escribía: "Ahorraremos algo de dinero de nuestras maltrechas cuentas dejándoles morir, pero no nos importará porque son ilegales".

Fue uno de los primeros llamados de atención desde el sector médico. "Hice esa carta porque me parecía justo que la leyeran los responsables que están tomando estas medidas sin ningún criterio médico, sin ningún criterio social, sin ningún criterio humano, sólo con criterio económico", le dice Pulido a BBC Mundo.

Sin embargo, hoy cree que ni siquiera en lo económico tiene lógica la norma. "Está mal valorado. No han mirado más allá del ahorro directo. Se va a terminar pagando más a largo plazo y con más personas infectadas", explica.

El Grupo de Estudio de Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, que hasta hace poco presidía Pulido, realizó un estudio sobre las consecuencias de dejar de atender a sin papeles.

Las previsiones más conservadoras, según las conclusiones, estiman un incremento de entre 27 y 50 fallecidos y de 324 a 580 nuevas personas infectadas durante el primer año de retirada de la medicación a los inmigrantes en situación irregular infectados por el HIV.

El ahorro teórico de la medida se puede ver contrarrestado por el gasto en derivado del mayor número de internaciones hospitalarias y el incremento de personas infectadas, sentencian los profesionales.

Pulido también subraya que abandonarlos es perjudicial para ellos y para la sociedad en su conjunto, ya que al no tratarse por enfermedades infectocontagiosas habrá "más personas infectadas" de HIV, tuberculosis y sífilis. "Quien ha hecho esa medida no se ha parado a mirar las consecuencias", opina.

Y su opinión parece estar respalda por estudios recientes. "Se ha demostrado que (el tratamiento contra el HIV) disminuye el riesgo de transmisión por vía heterosexual en un 96%", explica a modo de ejemplo. Con desánimo confiesa: "Nunca pensé ver esto. Es un paso atrás horroroso".

La institución madre de los médicos del país es el Consejo General de Colegios de Médicos de España. Y su postura va en la misma línea. "Nos hemos posicionado en el sentido que establece el código de ética y que habla del deber que tiene el médico de atender a todo tipo de pacientes", explica a BBC Mundo Serafín Romero, secretario del Consejo.

Desde el Consejo intentaron frenar la reforma solicitando al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad, pero no prosperó.

Romero también se muestra en contra de obligar a los sin papeles a contratar un seguro para tener cobertura, como está previsto en el Real Decreto. "No tiene posibilidad y además es una forma de privatizar la atención", sostiene.

Días atrás el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, aseguró en declaraciones a Radio Nacional de España que los inmigrantes irregulares serán atendidos cuando lo necesiten y que "se le enviará la factura al país de origen".

Otros representantes del gobernante Partido Popular (conservador) declararon que los tratamientos de enfermos crónicos están garantizados.

Pero los médicos desconfían de estas declaraciones. La razón es que no están reflejadas en ningún texto legal. "Existe incertidumbre e indefinición", dice Romero. Pero no pierde las esperanzas de que la presión de los colegios de médicos y las sociedades científicas acabe por modificar la postura oficial.