En respuesta a los señalamientos, los gobiernos de los municipios
de Gibara, Freyre, Banes, Antilla y Mayarí, con acceso al mar, se
han propuesto imprimir dinamismo a la demolición de las
instalaciones estatales construidas sobre la duna, exigencia
planteada en el Decreto Ley 212 que protege las zonas costeras.
Tras el censo que en el 2010 arrojó la existencia en esas áreas
de 131 establecimientos de diferentes tipos, pertenecientes a
organismos y empresas, fue emprendida la progresiva eliminación,
pero aún quedan 92.
Al finalizar este año la situación debe ser diferente, porque,
además de intensificar las labores para cumplir con las demoliciones
previstas hasta diciembre, el propósito es accionar sobre la
reducida cifra de instalaciones (6) que hasta el 2013 permanecerían
intocables, según los planes iniciales.
La situación más engorrosa existe en el municipio de Freyre,
específicamente en Playa Blanca, sitio de concentración durante
varias décadas de centros de descanso de los llamados planes
obreros, donde quedan más de 30 establecimientos estatales sobre la
duna, la mayoría registrados a nombre de la Agricultura, la
Construcción y la Empresa Azucarera de la provincia.
Ejemplo del apremio solicitado es la actitud de los directivos de
la Agricultura, quienes elaboraron un nuevo cronograma, según el
cual en septiembre serán eliminados los 19 objetos de obra por los
que responden en la referida playa, incluidos los escombros,
requisito no cumplido durante la primera etapa, en la que echaron
abajo una parte de las cabañas, almacenes y depósitos de agua.
Los pasos a realizar en las áreas costeras deben ser parte de
planes integrales elaborados de conjunto por los gobiernos locales y
todos los involucrados en el restablecimiento del orden territorial,
que igualmente tiene asuntos pendientes en el interior de los
municipios.
Al respecto, entre otras cosas, la última evaluación demostró que
debe concretarse la ubicación de parcelas con condiciones de
urbanización para asimilar construcciones, a la vez que urge ganar
tiempo en la erradicación de la cría de animales, principalmente de
cerdos, en espacios aledaños a edificios multifamiliares, una
amenaza real para la salud humana.
Las autoridades gubernamentales de la provincia recalcan que el
propósito de las acciones en marcha no es prohibir la construcción
en general, sino ordenarla. También aseguran que se emplearán todas
las vías de convencimiento para erradicar las ilegalidades, pero si
los violadores no se dan por entendidos, no quedarán impunes.