La investigación sobre la financiación ilegal de la campaña electoral de Sarkozy por la corporación L¢ Oreal fue iniciada en el 2010, derivando, para sorpresa de todos, en el más sonado caso de Lilliane Bettencourt, anciana dueña del imperio de cosméticos, cuya familia acabó enredada en rencillas internas y derechos hereditarios.

De una grabación de las conversaciones telefónicas hecha pública por su mayordomo se desprende que una de las mujeres más ricas del mundo evadía supuestamente impuestos por cantidades considerables, recibiendo, además, ventajas tributarias por millones de euros del exministro de Trabajo, Eric Woerth, cercano colaborador de Sarkozy.

Tras ello, la excontable de Bettencourt, Claire Thibout, manifestó que los políticos franceses de tendencias conservadoras, incluido Nicolas Sarkozy, supuestamente habían recibido en la mansión de Bettencourt sobres con dinero en efectivo, mientras que Woerth, siendo en el 2007 tesorero de la Unión por un Movimiento Popular, recibió un sobre que contenía 150 mil euros para la campaña electoral de Sarkozy.

La financiación ilegal de las campañas electorales es el talón de Aquiles de los políticos franceses, tanto conservadores como socialistas. Recientemente, el predecesor de Sarkozy en el puesto de presidente, Jacques Chirac, recibió una condena de dos años. Debido a su delicado estado de salud, ya no pudo presenciar las audiencias judiciales ni cumplir la condena en un centro penitenciario.

Se le reconoció culpable de haber creado en la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado puestos de trabajo ficticios en la alcaldía de París, que dirigió durante casi 20 años. Los sueldos de los inexistentes empleados engrosaban las cuentas del partido. Un sumario parecido fue abierto contra Alain Juppé, colaborador de Chirac, hasta hace poco ministro de Asuntos Exteriores en el gabinete de Sarkozy.

Los socialistas tampoco tienen una imagen mucho mejor: durante la presidencia de François Mitterrand (1981-1995), mentor del actual jefe del Estado, François Hollande, la petrolera estatal Elf Aquitaine, de manera casi oficial, servía de fuente de fondos para las administraciones públicas.

Una vergonzosa mezcla de intereses particulares, políticos, estatales y comerciales se reveló a principios de los años 2000 durante la investigación del caso Elf. Estaba involucrada en el asunto Christine Deviers-Joncour, amante de uno de los socialistas más famosos de Francia, Roland Dumas. Este negó todas las acusaciones y finalmente logró salir impune de la situación, pero más tarde, en el 2007, recibió una condena de dos años de prisión incondicional por apropiación indebida de fondos.

No hace mucho ocurrió una historia que revela la manera en la que se cruzan los asuntos de carácter dudoso de los dos más importantes partidos de Francia: en el 2008 se devolvieron al expolítico de tendencias socialistas y magnate Bernard Tapie, de modo extrajudicial, casi 300 millones de euros. La decisión en cuestión fue tomada por la entonces ministra de Finanzas y actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

Tapie, un exitoso hombre de negocios, especializado en la capitalización y la reventa de importantes empresas (fue durante un cierto periodo copropietario de Adidas), era dueño del famoso club de fútbol Olympique y ministro en un Gobierno de socialistas. Se le vaticinaba la trayectoria vital de Silvio Berlusconi. En 1990 fue enviado a la cárcel por pactar los resultados de los partidos, lo que estropeó su posible carrera política y lo convirtió en un ferviente admirador de Nicolas Sarkozy.

Precisamente a este estrecho vínculo achacaban los analistas la extraña decisión del Gobierno francés de apoyar al empresario en el duradero litigio entre Tapie y la entidad Credit Lyonnais, que se encontraba en bancarrota y anteriormente había estado sometida al control del Estado. Tapie acusaba al banco de estafa durante la venta de Adidas. El papel de Lagarde en el asunto sigue sin estar del todo aclarado.

Los ataques públicos a Sarkozy tienen una explicación lógica: son la otra cara de su propio estilo político, basado en una inquebrantable relación de intereses comerciales y estatales. Los expertos coinciden en que esta fue la razón por la cual los electores decidieron dar la espalda a Sarkozy. Y como su manera de comportarse siempre se ha caracterizado por arrogancia y altanería, no es de sorprender que haya quienes de-seen ajustar cuentas con el expresidente. Y, todo parece indicar, existen delitos para incriminarle.

El problema, sin embargo, no radica en la personalidad de Sarkozy, sino en la actual cultura política que permite que por doquier se borren las fronteras entre lo particular y lo común, entre lo comercial y lo estatal. Es una de las secuelas de la erosión que está carcomiendo las instituciones, tan característica en nuestros tiempos.

Las experiencias del pasado nos enseñan que dobles estándares morales y una corrupción sistémica siempre han sido rasgos propios de la política en general, no solo de la francesa. Pero el ambiente globalizado y universal concede a este fenómeno una nueva dimensión y las discrepancias ideológicas acaban desapareciendo junto con las normas éticas.

François Hollande se encuentra en una posición ventajosa, por lo que le es fácil someter a críticas a su antecesor y prometer justicia social. No en vano una de sus promesas preelectorales más altisonantes era la introducción de un impuesto sobre la riqueza de un 75 %, que daría recursos que habrían de destinarse a la reconstrucción de la economía nacional.

Poco podría salir de esta iniciativa y, si a pesar de todo el presidente lo intenta, lo más seguro es que aparezcan datos que confirmen sus vínculos con estos "ciudadanos más ricos del país". No es ningún multimillonario, como Strauss-Khan, pero no es una persona pobre.