En pleno pulso por el control el poder legislativo en Egipto, la Junta Militar y los Hermanos Musulmanes reafirmaron sus posturas durante las últimas horas, lo que indica que el conflicto puede ir para largo.

Este último capítulo de la lucha de poder entre la Hermandad y la Junta Militar se inició cuando los generales disolvieron el Parlamento a mediados de junio tras una sentencia del Constitucional. El pasado domingo, el presidente Morsi revocó esa decisión, y rehabilitó la Cámara Baja, donde su partido goza de una cómoda mayoría.

Después de haber mantenido un largo silencio, anoche la Junta Militar emitió un comunicado público en el que defiende su decisión de disolver el Parlamento, asegurando que se limitó a cumplir la ley. "Desde que asumió sus responsabilidades, la Junta nunca ha recurrido a medidas excepcionales [...] enfatizando la importancia de la legitimidad de la ley y la Constitución para preservar el estatus del Estado", reza el comunicado, en el que insta a todas las instituciones a respetar el Estado de Derecho.

Los Hermanos Musulmanes, por su parte, han convocado para esta tarde a una manifestación "millonaria" en Tahrir de apoyo al presidente Morsi. El lunes por la noche, docenas de jóvenes militantes islamistas se congregaron ya en la mítica plaza del centro de El Cairo para preparar la logística de la jornada reivindicativa.

Además, en otro gesto desafiante, el presidente de la Asamblea Popular, el islamista Saad Katatny, ha presidido hoy una sesión de la Cámara Baja. En una de las sesiones plenarias más cortas de su historia, la Asamblea Popular decidió esta mañana aplazar el ejercicio de sus labores legislativas hasta que los tribunales resuelvan su confusa situación jurídica. En una muestra de la división social que ha suscitado el gesto de Morsi, varios partidos laicos boicotearon la sesión parlamentaria, entre ellos el histórico Wafd, y el Partido Social Demócrata.

Katatny ha inaugurado la sesión con un discurso en el que explicó que "el decreto del presidente no afecta al fallo del Tribunal Constitucional, sino a la decisión de la Junta Militar de disolver la Asamblea del Pueblo (cámara baja)".

De acuerdo con la declaración constitucional suplementaria aprobada de forma unilateral por la Junta Militar el pasado 17 de junio, durante la noche de la segunda vuelta de las presidenciales, en ausencia del Parlamento, la cúpula militar ostenta el poder legislativo. Así pues, con la reconstitución de la Asamblea Popular este mediodía, el país árabe contará con dos órganos que reclaman poseer la autoridad legislativa.

El embrollo legal y político en el que se encuentra sumido el país es fruto de la incapacidad de su clase política de alcanzar acuerdos sobre el reparto del poder, y el diseño institucional del Egipto post-Mubarak. Ni tan siquiera la celebración de las presidenciales, y la investidura de su ganador, Morsi, ha servido para situar el país en la senda de la estabilidad ansiada por la mayoría de la población.

Mientras políticos y militares participan en una descarnada lucha de poder, Egipto padece una situación de desgobierno. Desde la caída de Mubarak, en febrero del 2011, diversos ejecutivos débiles han administrado el país. Su interinidad y falta de legitimidad han evitado que acometan las reformas profundas y urgentes que necesita el país, con una economía al borde de la bancarrota. Diez días después de su investidura, Morsi aún no ha nombrado su ejecutivo, y con todas sus energías puestas en el pulso con la Junta Militar, pueden pasar aún días hasta que Egipto conozca el nombre de su nuevo primer ministro.