El ministro colombiano de Interior, Federico Rengifo, afirmó este viernes que el Congreso legisló de espaldas al gobierno al aprobar una polémica reforma a la justicia diferente a la conciliada por la Cámara de Representantes y el Senado.

En declaraciones a medios locales de prensa, Rengifo advirtió que el Congreso introdujo artículos al acto legislativo que no estaban en las conciliaciones de dichas instancias, como el caso de los aforados, reporta Prensa Latina.

Al respecto indicó que los artículos que aparecieron y fueron impuestos a última hora no podían votarse porque no existían en ninguno de los textos discutidos durante los debates.

Aparecieron nuevos aforados y un nuevo sistema de investigación que no hizo parte del texto original de la iniciativa, apuntó.

En tanto, explicó que la norma no ha entrado en vigencia, por los que los procesos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia contra algunos aforados deben seguir su curso.

Rengifo también confirmó que el presidente Juan Manuel Santos objetará este viernes la polémica iniciativa -aprobada el pasado miércoles- utilizando una norma que permite adelantar este procedimiento cuando se considera que alguna norma es inconstitucional.

En una alocución radiotelevisada, Santos objetó la reforma y aseguró que este viernes la devolvería al Congreso, por razones de constitucionalidad y conveniencia, al tiempo que la calificó de inaceptable para el Gobierno y el país.

El gobernante agregó que es la que es la primera vez en la historia del país que un jefe de Estado acude a una decisión de este tipo.

Advirtió que de entrar en vigencia la norma que modifica la Constitución, se presentaría un colapso de inmensas proporciones en el sistema judicial.

Santos expresó así su desacuerdo con los artículos que establecen la inmunidad parlamentaria, la modificación del régimen de inhabilidades y los cambios en los procesos judiciales, porque -según dijo- alteran el espíritu de la reforma.

Puntualizó que de entrar en vigencia la normativa tal y como está, la Fiscalía General de la Nación estaría obligada a paralizar cerca de mil 500 investigaciones a su cargo sobre funcionarios, y, adicionalmente, los que están detenidos podrían quedar en libertad.

"Esto tendría gravísimas consecuencias para la administración de justicia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, con lo cual habría un colapso de inmensas proporciones", enfatizó.

Por otra parte, apuntó que la comisión de conciliación aprobó un párrafo transitorio que extiende la doble instancia a todos los procesos que contra ellos cursen en la jurisdicción contencioso-administrativa, incluyendo los de nulidad electoral, lo cual generaría otro colapso judicial.

También advirtió que se fusionaron las normas aprobadas en la Cámara y en el Senado sobre el régimen de pérdida de investidura de los congresistas, de tal manera que se alteró la voluntad de las plenarias de esas instancias.

A su vez, dijo que se suprimió el régimen de transición para la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.