La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Estados Unidos prevé emitir
hoy un veredicto acerca de la constitucionalidad de una polémica ley
de inmigración aprobada en Arizona.
El punto principal de la controversia en la sureña legislación es
un acápite que permite a policías chequear el status legal
migratorio de cualquier transeúnte o conductor de vehículos detenido
por otras razones, explicó Prensa Latina.
Abogados de derechos civiles en todo el país denunciaron que tal
prerrogativa podría provocar que los patrulleros establezcan un
patrón discriminatorio en las inspecciones rutinarias donde
prevalezca el perfil racial.
La mayoría de los magistrados en el tribunal superior fueron
elegidos cuando la administración de George W. Bush y son de
tendencia conservadora, por ende se espera que la CSJ certifique la
norma SB1070.
Si el jurado ratifica un fallo positivo para la gobernación de la
republicana Jan Brewer la decisión tendrá un impacto en otros
estados en el sur que han promulgado (o sopesan) medidas
antiinmigrantes similares.
En Estados Unidos, según cálculos oficiosos, están asentados
cerca de 12 millones de extranjeros indocumentados, el 75 por ciento
de ellos latinos.
Desde 2008 el entonces candidato presidencial Barack Obama
prometió una reforma de inmigración, punto que no ha cumplido aún
porque -de acuerdo con la Casa Blanca- urgió priorizar otros temas
políticos más acuciantes.
El Congreso federal presentó hace un mes un intento de ley
migratoria que solo beneficiaría a extranjeros que funden empresas o
posean altos conocimientos tecnológicos.
Republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes
estuvieron de acuerdo en adelantar una nueva pieza de legislación
denominada Startup2.0, que ya había recibido luz verde en el Senado.
Luego Obama difundió otra iniciativa para otorgar estado legal de
residencia a unos 800 mil jóvenes latinos que llegaron a este país
siendo niños y cumplen ciertos requisitos educacionales o militares.