Los ecuatorianos se mantienen hoy a la expectativa por la respuesta que deberá dar el Gobierno al pedido de asilo político hecho el martes por el fundador de Wikileaks, Julian Assange.

En las últimas horas el presidente Rafael Correa afirmó desde la ciudad de Río de Janeiro que su gobierno se tomará el tiempo necesario porque analiza seria y responsablemente la solicitud de Assange.

Cables fechados en Australia señalan que los medios de prensa en ese país señalan que Ecuador expresará este jueves su decisión respecto a la demanda del periodista de 40 años.

Correa dijo al canal televisivo Telesur que Assange escogió a Ecuador para hacer su petición porque este es un territorio de paz, donde no está estipulada la pena de muerte y existe el derecho al debido proceso.

Precisó que se tomarán el tiempo necesario para tomar la decisión, una vez que se complete el análisis del requerimiento, mientras Assange se encuentra en la misión ecuatoriana en Londres y continuará allí bajo protección del gobierno de Ecuador.

Correa manifestó que el asilo político es una figura en el derecho internacional y todo país tiene la facultad de concederlo como parte de su soberanía.

Durante la jornada anterior, la embajadora de Ecuador ante el Reino Unido, Anna Albán, expresó su satisfacción por el pronunciamiento de Londres de trabajar con Ecuador a fin de encontrar una solución al caso.

He dejado en claro que estoy disponible para reunirme con representantes del gobierno del Reino Unido en cualquier momento, de manera que podamos encontrar una solución justa y equitativa a esta situación, precisó.

La diplomática enfatizó que no es intención de su Estado de interferir con los procesos en el Reino Unido o en Suecia, y describió que fueron cordiales las discusiones con los representantes de la Oficina de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth.

Remarcó, sin embargo, que la solicitud de Assange será evaluada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y la decisión tendrá en cuenta la larga y bien establecida tradición de apoyar a los derechos humanos. El periodista australiano dio ese paso en su defensa cinco días después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido rechazara reabrir su caso y diera luz verde a su extradición a Suecia por supuestos delitos sexuales.