Congresistas republicanos amenazaron con activar hoy una moción de desacato contra el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, cada vez más comprometido en las investigaciones por la Operación Rápido y Furioso.

Se trata de una de las sanciones más fuertes del Capitolio contra una personalidad política, que supuestamente está obstruyendo de forma deliberada el trabajo del pleno legislativo o uno de sus comités, pero no acarrea la destitución del funcionario.

La acción contra Holder fue confirmada por los diputados Darrell Issa y Charles Grassley, bajo el argumento de que el Secretario de Justicia retiene arbitrariamente documentos clave para la indagación federal.

Issa, representante por California que preside el Comité de Reformas y Supervisión Gubernamental, indicó que el Fiscal General tiene hasta este miércoles para entregar los archivos solicitados o de lo contrario la comisión especial del Congreso emitirá su dictamen.

Para evitar el veredicto, Holder negoció la víspera sin éxito con líderes partidistas opositores en la Cámara de Representantes, y recordó que su oficina ya descubrió un amplio lote de datos ante las exigencias parlamentarias.

El Departamento de Justicia proveyó al Comité Judicial del Senado unas siete mil páginas de textos, pero Issa recordó que los requerimientos hablan de 80 mil documentos que deberían estar en manos del Congreso.

Una organización que representa a los agentes fronterizos en Estados Unidos pidió también una medida contundente de la Corte Suprema que concluya con la remoción del fiscal Holder.

El Secretario de Justicia es considerado principal responsable por la Operación Rápido y Furioso, debido a la cual unas dos mil armas de fuego fueron traficadas hacia México con la polémica justificación de rastrear el camino hacia los tenedores finales.

En un comunicado público, el Concilio de la Patrulla Fronteriza y varios congresistas republicanos recordaron que esta operación provocó la muerte de al menos dos ciudadanos estadounidenses y una discrepancia política con el vecino país latinoamericano.

Holder ha recalcado que no renunciará a menos que se lo pida el presidente Barack Obama, intentó deslindar responsabilidades en la controversia y dijo que colaborará con material desclasificado para que autoridades pueden completar sus conclusiones.