Las organizaciones sociales de la provincia surandina peruana de Espinar pidieron garantías gubernamentales contra la eventual contaminación minera, como base de un diálogo de distensión tras importantes protestas, indicó Prensa Latina.

Mientras el conflicto de Espinar se encamina a un diálogo acordado para iniciarse el jueves próximo, la huelga general de la región norandina de Cajamarca cumplirá mañana 21 días contra un proyecto minero de capital mayoritariamente norteamericano, también por preocupaciones ambientales.

El Frente de Defensa de los Intereses de Espinar y los alcaldes de la zona anunciaron que este jueves, en el inicio del diálogo entre una delegación de ministros y las autoridades de la provincia, plantearán que antes de iniciar conversaciones la parte oficial ofrezca garantías contra la contaminación.

Tal contaminación es atribuida por la empresa minera Xstrata-Tintaya, que lo niega y es avalada por el gobierno, que envió en mayo refuerzos policiales ante una huelga que registró graves desórdenes reprimidos con un saldo de dos muertos.

El alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca liberado la semana pasada por orden judicial tras casi dos semanas de prisión preventiva por diversas acusaciones relacionadas con la protesta- dijo que la empresa canadiense debe controlar la contaminación.

Las prioridades reseñadas deben resolverse antes de tratar los proyectos de desarrollo que el gobierno ha anunciado ofrecerá en las conversaciones, indicó Mollohuanca.

Los representantes de Espinar acordaron postergar a una discusión directa con la empresa su demanda de un mayor aporte a la comunidad y participación de esta en el manejo de la contribución, que ahora es de tres por ciento de la ganancia.

Entretanto, el presidente Ollanta Humala y el primer ministro, Óscar Valdés, criticaron una marcha de mujeres embarazadas de apoyo a la huelga de Cajamarca, protesta que rechaza el proyecto aurífero Conga.

Recientes encuestas acreditaron en los últimos días una caída importante de la aprobación ciudadana al presidente Ollanta Humala que diversos analistas consideran consecuencia de un manejo inadecuado de los conflictos sociales.