El movimiento Jihad (guerra santa) Islámica en el Líbano responsabilizó hoy al gobierno de este país de los incidentes en el campamento de refugiados palestinos de Nahr Al-Bared, que causaron dos muertos y 10 heridos.

La agrupación, una de las milicias radicales que operan en el campamento situado en la norteña ciudad de Trípoli, afirmó que los choques armados de ayer fueron consecuencia de políticas erróneas de sucesivas administraciones libanesas hacia los desplazados palestinos.

Culpamos al gobierno libanés por la sangre de nuestro pueblo que se derramó debido a políticas erróneas... y su insistencia en encarar (la situación de) los campamentos mediante (las fuerzas de) seguridad, e ignorando todos los derechos legítimos (de los refugiados), apuntó.

En declaraciones hechas este martes, Al-Hajj Abu Imad al-Rifaa, representante en el Líbano de la Jihad Islámica, también rechazó la presencia del Ejército local en Nahr Al-Bared, donde la seguridad está a cargo de esa organización que tiene su sede principal en Gaza.

Violentos enfrentamientos se desataron el lunes en esa hacinada área de la ciudad portuaria de Trípoli después del funeral de un refugiado palestino, baleado el viernes por un soldado del Ejército libanés, lo cual provocó 10 lesionados, incluidos tres uniformados.

Durante al ritual fúnebre, varios asistentes a la procesión lanzaron piedras y bombas de fabricación casera contra un puesto militar, a lo que los soldados respondieron con municiones reales, después de haber disparado gases lacrimógenos y balas recubiertas de caucho.

La tensión ha sido una constante en Nahr Al-Bared, considerado el más grande de los 12 campamentos que acogen a unos 400 mil refugiados palestinos en el Líbano, y que en 2007 fue escenario de combates entre el Ejército nacional y la milicia Fatah Al-Islam, ligada a Al-Qaeda.

De acuerdo con datos oficiales, entonces murieron más de 400 personas, incluidos 170 soldados libaneses, y unas seis mil viviendas fueron devastadas.

Los palestinos se quejan de sufrir discriminación en el Líbano, donde están impedidos de ejercer alrededor de 70 profesiones, cambiar su estatus o tener propiedades.