YAIMA PUIG MENESES

Nuestro país, por su parte, ha dedicado especial atención a estos temas desde el triunfo de la Revolución en enero de 1959, momento a partir del que se evidencia una preocupación por proteger y conservar los recursos naturales, que son considerados patrimonio de todo el pueblo.

BENEFICIO SOCIAL, TAMBIÉN AMBIENTAL

Según explica Orlando Rey, director de medio ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), existen también elementos, quizás un poco menos conocidos, que desde épocas tempranas evidencian un cambio de pensamiento que trae consigo el gobierno revolucionario con respecto a estos temas. Ejemplo de ello lo constituye la promulgación de la primera Ley Forestal en 1959 y con ella, la creación de nueve parques nacionales.

Aun así, la celebración en 1992 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil, también conocida como Cumbre de la Tierra, marcó pautas en el desarrollo de acciones medioambientales en nuestro país. Recordemos que allí el Líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, alertó sobre la progresiva liquidación de las condiciones naturales de vida del hombre, lo cual ponía en riesgo la supervivencia de la especie humana.

A partir de entonces, el Gobierno cubano, conjuntamente con las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente, comenzó a desarrollar proyectos y estrategias de trabajo con el propósito de cumplir los compromisos contraídos en los documentos aprobados en Río y en los cuales se respalda el concepto de desarrollo sostenible, como vía para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las del futuro.

La primera expresión concreta de ello —explica Orlando Rey—, ocurrió en el propio mes de la Conferencia de Río. En ese año se discutía con el pueblo cubano una reforma constitucional, en la cual se incluyó la modificación del artículo 27 de nuestra Constitución, que originalmente solo se refería a la protección del medio ambiente. A partir de la reforma, se introdujo el concepto de desarrollo económico y social sostenible.

En 1994, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con lo cual se fortalece institucionalmente la protección del medio ambiente en función de hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras.

Posteriormente, en 1997, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 81 del medio ambiente, que ha servido de base para importantes legislaciones complementarias, normas y otros instrumentos de gestión ambiental, incluidos elementos regulatorios y de supervisión estatal.

Otras de las herramientas con las que cuenta el país para la implementación de su política en este sentido —valora el Director de Medio Ambiente del CITMA—, son las estrategias ambientales, tanto nacionales como sectoriales y territoriales, confeccionadas con el propósito de ejecutar acciones para mejorar el desempeño ambiental y estrechamente relacionadas con los aspectos económicos, sociales y ambientales, lo que las convierte en estrategias para el desarrollo sostenible.

La Estrategia Ambiental fue adoptada por primera vez en 1997 y estuvo vigente hasta el 2007, momento a partir del cual se confeccionó una segunda edición para el periodo 2007-2010. En la actual Estrategia, enmarcada para la etapa 2011-2015, se identifican como los principales problemas ambientales del país la degradación de los suelos, las afectaciones a la cubierta forestal y la contaminación —ya sea ocasionada por residuales líquidos o sólidos, las emisiones a la atmósfera y la contaminación sónica, productos químicos y desechos peligrosos. También se señalan la pérdida de la diversidad biológica, la carencia y dificultades con la disponibilidad y calidad del agua, así como los impactos del cambio climático, detalla Orlando Rey.

Resulta importante destacar —precisa el directivo—, que conjuntamente con el fortalecimiento institucional, la actividad ambiental en el país ha contado con la valiosa contribución de los resultados de la ciencia y la tecnología.

ECONOMÍA Y PROTECCIÓN MEDIOAmBIENTAL

Las acciones desarrolladas en la década del 90 del pasado siglo para proteger el medio ambiente, son de gran significación para nuestra sociedad, sobre todo si tenemos en cuenta que fue esta una década marcada por las carencias económicas del Periodo Especial.

"La práctica internacional es que cuando los problemas económicos se vuelven acuciantes, se pone de lado la agenda ambiental, pues la presión para emplear los recursos naturales y satisfacer necesidades inmediatas es mucho mayor. Sin embargo, en Cuba no ocurrió así", afirma Orlando Rey.

Y en ello tuvo mucho que ver la política llevada a cabo para, a pesar de la crítica situación económica, desarrollar esquemas de protección ambiental para no emplear intensa e indiscriminadamente los recursos naturales, pues de otra forma estaríamos comprometiendo el futuro. "Esta política no implica sacrificar las necesidades del desarrollo, sino hacer avanzar de forma armónica la economía, la sociedad y la protección del medio ambiente."

Asimismo, en nuestro país existe una estrecha relación entre el pensamiento ambiental y el económico, asegura el Director de Medio Ambiente del CITMA. En el transcurso de todos estos años, para Cuba ha sido prioritario mantener un equilibrio entre los aspectos ambiental, económico y social. Cada año, por ejemplo, el CITMA y el Ministerio de Economía y Planificación analizan de conjunto las inversiones propuestas para determinar en qué medida pueden afectar o no el entorno donde pretenden desarrollarse. Al mismo tiempo, deciden dónde y cómo invertir determinados recursos en los problemas ambientales existentes.

Todo eso se traduce en la mejora de una serie de indicadores ambientales, pues nada hacemos con firmar montones de leyes sin acciones concretas. En Cuba sabemos adónde vamos y qué debemos hacer. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es, además, una institución cuyas sugerencias, decisiones o planteamientos son tenidos en cuenta por las instancias de gobierno.