WASHINGTON, 12 junio.— Un senador republicano en Estados Unidos exigió hoy la renuncia del Fiscal General Eric Holder durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara alta.

Los estadounidenses merecen un Fiscal General que sea honesto, que respete las normas básicas de independencia política y la rendición de cuentas; y se ha probado una y otra vez, tristemente, que el nuestro no está dispuesto a hacerlo, aseguró el senador republicano por Texas, John Cornyn.

Por eso, me uno a quienes le exigen dimitir de su cargo, agregó el legislador.

Cornyn, también expresó su preocupación por los recientes informes de fugas en materia de seguridad nacional, y aseguró confiar en que el presidente Barack Obama cambie al titular de Justicia por alguien a la altura de ese desafío, reportó la cadena televisiva ABC News.

Las declaraciones del senador republicano se suman al creciente coro de congresistas conservadores que reclaman la renuncia de Holder, agregó.

Este lunes, la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes anunció que el 20 de junio acusará de desacato a Holder por supuestamente negarse a entregar documentación relacionada con el controvertido caso Rápido y Furioso.

Holder argumenta que ha testificado ocho veces por la escandalosa operación y que ha autorizado la entrega de siete mil 600 documentos al Capitolio.

Una acción de este tipo aprobada por el Congreso, además de consecuencias políticas para la administración del presidente Barack Obama, llevaría a una acusación formal contra Holder ante el Tribunal Supremo.

Durante la audiencia de este martes, la novena en la que testifica, Holder insistió en que no tiene intención de dimitir, destacó la televisora.

Ayer escuché al secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, quien insistió en que el presidente Obama mantiene absoluta confianza en mí, y por tanto no tengo motivos para abandonar el cargo, enfatizó el alto funcionario.

Rápido y Furioso fue organizada por la oficina del control de armas estadounidense (ATF), la cual permitió que miles de fusiles, ametralladoras y otras armas pasaran ilegalmente la frontera con México, con el objetivo de rastrear su uso.

Durante la operación encubierta, agentes de la ATF permitieron su tráfico ilegal a través de la frontera entre México y Estados Unidos, las cuales fueron a parar a manos de carteles de drogas.