En su demanda, la Confederación Intersindical Gallega (CIG), de
Galicia, y el sindicato ELA, del País Vasco, acusaron a Rajoy y a
los exjefes del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y
José María Aznar (1996-2004) de permitir el saqueo del país.
La medida también se dirige contra el actual ministro de
Economía, Luis de Guindos, y sus antecesores Elena Salgado, Rodrigo
Rato y Pedro Solbes; el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, y su anterior responsable, Jaime Caruana.
Las organizaciones imputan a todos ellos delitos societarios y de
prevaricación por omisión.
Se dieron graves omisiones arbitrarias de resoluciones a las que
estaban obligados por sus respectivos cargos, en aras de preservar
los intereses económicos y financieros del conjunto de la población,
refiere el texto registrado en el alto tribunal.
El secretario general de Eusko Langileen Alkartasuna (ELA),
Adolfo Muñoz, denunció que la concentración de capital en manos del
poder financiero deriva en el control de la política, de los medios
de comunicación y en un embobamiento social fabricado para que estas
cosas pasen sin que haya contestación social en las calles.
Muñoz culpó a los responsables políticos de destinar un montón de
dinero público a las entidades bancarias privadas, que está siendo
utilizado por el sistema financiero para especular con la deuda
pública y para ocasionar muchos más recortes sociales.