SERGIO ALEJANDRO GÓMEZ

Con la nacionalización del 51 % de los activos de la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Gobierno argentino busca recuperar su soberanía sobre este recurso estratégico para el desarrollo e industrialización del país, en medio de una difícil coyuntura económica mundial, opinan varios analistas internacionales.

Argenpress reporta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que declara a YPF como una empresa de interés público para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, y dispone la expropiación del 51% del patrimonio de esa sociedad, subsidiaria de la compañía española Repsol.

Fuentes oficiales apuntan que un Tribunal de Tasaciones determinará cuánto pagará Argentina por las acciones de la empresa española, que posee actualmente el 57,4 % de los activos y verá reducida su participación a poco más del 6 %.

El decreto, que ya entró en vigor, establece también la "intervención transitoria de YPF por un plazo de 30 días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país".

El proyecto ya fue aprobado en las comisiones del Senado de Asuntos Constitucionales, Energía, y Presupuesto y Hacienda, y será sometido a votación en el pleno de la Cámara el próximo 25 de abril.

El Gobierno argentino había cuestionado con anterioridad la política de Repsol-YPF, que bajaba año tras año su producción de gas y petróleo, lo cual obligó a Argentina a importar combustibles por más de 9 000 millones de dólares en el 2011, poco menos que el total del superávit comercial del país, según cifras oficiales.

La compañía YPF, fundada en 1922, estuvo a la vanguardia de la participación estatal en la explotación del petróleo hasta que fuera privatizada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999), como parte de la vorágine neoliberal de la década de los noventa, que dejó a Argentina en banca rota a comienzos del siglo XXI.

La mayor empresa energética argentina conservará su estatus de sociedad privada, pero el 51 % en manos pública se dividirá entre el Estado Nacional y las provincias productoras. Según la Casa Rosada, con esta medida se busca la "maximización de las inversiones", la "promoción de la explotación y comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado" y la "explotación racional" de esos bienes.

Además, la Presidenta refirió en el discurso de presentación del proyecto de ley que Argentina es "el único país de Latinoamérica —y yo diría casi del mundo—que no maneja sus recursos naturales", y agregó que su administración ha demostrado que el Estado puede manejar con eficiencia las riquezas del país.