PASTOR BATISTA, MIGUEL FEBLES Y DÍLBERT REYES

Habitualmente críticos, estos meses encienden un bombillo de roja alerta para quienes deben o tienen que proteger a la floresta cubana contra la inclemente acción de las llamas.

La insuficiente labor preventiva obliga a actuar rápidamente para evitar males mayores.

La referencia no es lejana. Entre enero y mayo del pasado año, el país registró 695 incendios en áreas forestales o rurales. Esa cifra representa el 96 % de los siniestros reportados en todo el 2011.

Sequía y temperaturas aparte, las investigaciones continúan inscribiendo al descuido y a la negligencia humana como la causa principal de ese recurrente fenómeno que en cada calendario le calcina a la economía millones de pesos, atenta contra el patrimonio forestal, deviene azote para la fauna, empeora la situación en áreas ganaderas, de cultivos varios y deviene llaga para la vida y el medio ambiente.

"A pesar de nuestra insistencia y de la orientación por diferentes vías —afirma el teniente coronel José Martínez Cárdenas, jefe del Cuerpo de Guardabosques en Las Tunas—, hay ciudadanos irresponsables que lanzan colillas de cigarro o fósforos encendidos al lado de carreteras y caminos, autos que circulan sin matachispas, finqueros que les prenden fuego a la maleza o a residuales de cosechas... y esas violaciones y descuidos provocan situaciones muy peligrosas que nos obligan a actuar cuando ya el daño avanza."

¿PELLIZCO FRENTE A LA VORAZ MORDIDA?

Al menos hasta el momento, la multa ha sido una especie de "pellizco" frente al irreparable perjuicio que deja la mordida del fuego. Unas 140 notificaciones fueron aplicadas en suelo tunero y ello no impidió la ascendente proliferación en incendios y áreas dañadas.

Similar panorama signa a la vecina provincia de Granma, donde, según declaraciones de Rodolfo González, segundo jefe del Cuerpo de Guardabosques, la mayoría de los infractores fueron multados de acuerdo con los Decretos 268 y 179 de la Ley Forestal, y también algunos directivos por no garantizar la preparación establecida con vistas a la temporada de alta peligrosidad. Sin embargo, las llamas no cedieron en el 2011, anualmente dan cuenta de estragos que remontan el millón de pesos y ya las estadísticas reportan cinco siniestros desde enero.

Difícilmente la sanción pueda remediar, "post mórtem vegetal", perjuicios como los que pesaron sobre unas 1 700 hectáreas de bosque en el macizo San Felipe-Los Joberos: la mayor reserva forestal de Camagüey y uno de los tres sitios cubanos más propicios para la plantación del pino.

Por eso, en medio del trabajo preventivo, especialistas, directivos y trabajadores del sector refuerzan la vigilancia y les conceden alto valor al aseguramiento real del sistema de trochas cortafuegos (insuficiente allí) y a otras alternativas que incluyen hasta la supervisión del trasiego de vehículos dentro del macizo, mediante puntos de control.

Todo ello hace que, otra vez, brigadas formadas por obreros de unidades productivas, vecinos de comunidades, fuerzas especializadas del cuerpo de guardabosques y personal encargado de la extinción de incendios insistan en perfeccionar a todo lo largo y ancho del país la coordinación y cohesión de acciones para poder prevenir (objetivo primordial), evitar o en última instancia atenuar desastres como los que entre enero y mayo del pasado año provocó el fuego en Pinar del Río (casi 6 000 hectáreas carbonizadas), seguido de Holguín y Camagüey, con más de 5 400 y cerca de 2 500 hectáreas, respectivamente.

El Estado cubano no está ajeno a realidades como esas. Una de las evidencias que confirman la voluntad de poner coto al daño está en experiencias al estilo de la que ya reporta resultados en territorio granmense, sobre la base de un sistema satelital apto para la detección de focos de calor y que posibilita, por tanto, la ubicación oportuna y el aviso en caso de incendios.

Aún así, es obvio que no basta con la inserción de la más moderna tecnología si de antemano palidece o "arde por su ausencia" el concurso de las personas.

La realidad sigue avalando a pie de bosque el criterio de los especialistas acerca de la limitada percepción de riesgo que predomina en la población, e incluso entre directivos de empresas y autoridades gubernamentales, a pesar de las acciones educativas y de orientación que se han puesto en práctica, con el propósito de transformar favorablemente la conducta de las personas.