Autoridades hondureñas trasladaron hoy 46 cadáveres de reclusos carbonizados en el penal de Comayagua, donde hace mes y medio perecieron 361 personas, desde la Academia Nacional de Policía (Anapo) hasta la capitalina morgue del Ministerio Público.

El traslado obedece a que ya finalizó el plazo para el uso de las instalaciones de la Anapo para los trabajos de identificación realizados por médicos forenses hondureños y extranjeros, explicó el portavoz de la Fiscalía, Melvin Duarte, citado por el medio informativo elheraldo.hn.

Según Duarte, como el número de cuerpos trasladados es bajo, la identificación y entrega a sus familiares puede manejarse sin problemas en el local del Ministerio Público.

Los parientes de esas víctimas reclamaron que no les avisaron del traslado, pese a que el Ministerio Público se había comprometido a informar sobre los avances del proceso, indicó el mencionado medio digital.

Las últimas 17 muestras de ADN analizadas por forenses peruanos a presos fallecidos durante el siniestro del pasado 14 de febrero en la penitenciaría de Comayagua, 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa, llegarán a Honduras el 10 de abril próximo.

Semanas atrás arribaron a este país 50 de las 230 muestras tomadas en esta capital.

Otro suceso penitenciario aconteció el jueves pasado, cuando murieron 13 reos en la prisión de San Pedro Sula, 240 kilómetros al norte de esta capital, durante un motín e incendio.

En el momento de la tragedia, ese centro penitenciario albergaba a dos mil 251 reclusos, muy por encima de los 800 de la capacidad estimada, reconoció el Gobierno.

San Pedro Sula es considerada la ciudad más violenta del mundo, según la ONU, y su penal ha sido escenario de frecuentes choques entre bandas rivales.

Entre las masacres reportadas allí está también la del 26 de abril de 2008, cuando nueve internos perecieron y dos más resultaron heridos en un enfrentamiento entre grupos contrincantes en las celdas.

Por su parte, el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, recordó en un reciente comunicado que las prisiones hondureñas carecen de medios para la rehabilitación, el Estado se desentiende de la situación de los privados de libertad, mientras se permite introducir armas, drogas y licores allí.