El gobierno del conservador Mariano Rajoy, que asumió el poder en diciembre pasado, anunció con tres meses de retraso los presupuestos previstos para este año, en los que se materializan los anunciados severos recortes en los servicios públicos, en las obras de infraestructura y en el gasto del Estado. Se prevé un ajuste de más de 27 mil millones de euros, al tiempo que se aprobó una subida de impuestos a las empresas, el aumento de las tarifas de la luz y el gas y una amnistía fiscal a presuntos defraudadores de cuello blanco, que tienen diseminadas sus fortunas en paraísos fiscales.

Un día después de la masiva movilización ciudadana contra la reforma laboral y la política económica del gobierno español, el Ejecutivo de Rajoy anunció el proyecto de presupuestos con el que pretende reducir el déficit público de 8,5 a 5,3 %, tal y como le exigen las autoridades monetarias y financieras de la Unión Europea (UE), al ver en España uno de los principales riesgos para el contagio de una nueva crisis en la región.

Como era previsible, la mutilación de 27 mil millones de euros en el presupuesto afecta a prácticamente todas las áreas públicas: la educación, la salud, las infraestructuras, la justicia, la cultura y el deporte. Además de que todos los ciudadanos pagarán de alguna manera los efectos de la crisis, con un aumento generalizado de la tarifa de la luz y el gas, y un importante incremento en el impuesto de sociedades.