Adriana Pérez, esposa de uno de los antiterroristas cubanos condenados injustamente en Estados Unidos, se entrevistó hoy aquí con la jefa de la División de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jane Connors.

En el encuentro declaró Pérez que el juicio contra los Cinco -como se les conoce internacionalmente- fue manipulado y se efectuó en Miami, territorio hostil dominado por la mafia de origen cubano, donde era imposible realizar un proceso justo e imparcial, a tenor con las propias leyes de Estados Unidos y del derecho internacional.

Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González, fueron condenados a desmesuradas penas que van desde doble cadena perpetua más 15 años hasta 15 años de privación de libertad por monitorear a los grupos terroristas.

La esposa de Hernández denunció el hecho de que, en la actualidad, los recursos de Habeas Corpus del caso permanezcan bajo la consideración de la misma jueza, el mismo fiscal y el mismo distrito que los condenó.

Abundó en las nuevas evidencias presentadas en el proceso, como el pago de las autoridades estadounidenses a periodistas para escribir artículos contra los Cinco o le negación del gobierno a entregar las imágenes satelitales del 24 de febrero de 1996.

En el encuentro, Adriana Pérez pidió el traslado de estas pruebas a la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, a fin de que realice todas las acciones posibles para conseguir que Washington brinde una solución definitiva y justa a este caso.

En el juicio seguido contra los Cinco ha imperado la falta del debido proceso prevista en la quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y los magistrados han actuado sin independencia y bajo presión y solicitudes del gobierno de ese país, dijo.

La esposa de Gerardo Hernández planteó a Connors la necesidad de una intervención directa de esa Relatoría a favor de la moción solicitada por la defensa de René González para que se le permita viajar a Cuba a visitar a su hermano quien está gravemente enfermo.

René Hernández ya cumplió su sentencia, pero fue sometido a un régimen de libertad supervisada que lo obliga a permanecer durante tres años en territorio estadounidense con grandes riesgos para su vida, señaló Prensa Latina.