QUITO. — La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (Senplandes) presentó este martes en esta capital un estudio que prevé la salida del país del subdesarrollo hacia el año 2021.

Ello demandará un gasto de 39 mil 699 millones de dólares sólo en inversiones y otros cuatro mil 701 millones de dólares en gastos recurrentes, para mantener posteriormente los salarios e infraestructuras.

El objetivo del análisis es costear el cierre de la brecha entre la oferta actual y la ideal en la prestación de los servicios, priorizar la inversión pública, lograr eficiencia en la política pública y establecer estructuras del Estado en los territorios para aplicar un nuevo modelo de gestión.

Fánder Falconí, titular de la Senplades, dijo en conferencia de prensa que para llegar a estas conclusiones se simularon varios escenarios a partir de índices posibles de crecimiento, que permitirán alcanzar la cobertura total en los 66 servicios previstos en este estudio.

La entidad estatal estableció los montos para suplir en menos de una década las carencias en los servicios de agua y alcantarillado, vivienda, acceso a internet y telefonía (fija y móvil), la generación, transmisión y distribución eléctrica, movilidad y transporte, desechos sólidos y riesgos.

También se incluye un listado de servicios desconcentrados en los territorios (dada la cercanía a los ciudadanos) como son los policiales, de bomberos, la rehabilitación social, educación, salud, inclusión económica y social, registro civil y correos de Ecuador.

En el caso del agua potable y alcantarillado deberán invertirse cinco mil 131 millones de dólares y serán necesarios otros 208 millones para su mantenimiento, y en la vivienda se demandan tres mil 979 millones dólares para suplir el déficit y otros 94 millones en gastos recurrentes.

En Ecuador el 72 por ciento de los 14 millones de habitantes tiene acceso al agua potable y el 53 por ciento al servicio de alcantarillado.

Según Falconí, el 56 por ciento de los pobres existentes en el país por necesidades no cubiertas podría reducirse en un 20 por ciento de resolverse solo la cobertura total en los servicios de agua potable y alcantarillado.