La representante de Ecuador ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), María Isabel Salvador, denunció este lunes la
campaña mediática contra su Gobierno por respaldar las
recomendaciones presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
En entrevista telefónica desde Washington con el diario El
Telégrafo, publicada este lunes, la diplomática se refirió a las
sugerencias aprobadas por el Consejo Permanente del organismo para
que todas las Relatorías reciban igual atención y financiamiento,
reporta Prensa Latina.
Este fin de semana, el presidente, Rafael Correa, señaló la
incongruencia de que la Relatoría sobre libertad de expresión
merezca un informe aparte del resto, sea financiada por un país que
no la reconoce, e incluso que tenga al mando a una representante
estadounidense.
Salvador señaló que su Gobierno es acusado sin justificación de
querer destruir esa Relatoría y en ningún momento se ha impuesto
posiciones con un sesgo específico, sino que ha respaldado las
recomendaciones de los cancilleres para el mejor funcionamiento de
este organismo y Ecuador ha planteado las suyas propias.
El informe, acotó, fue respaldado por todos los Estados miembros,
y en el tema del financiamiento la delegación ecuatoriana ha
resaltado la necesidad de que la organización funcione con recursos
regulares de la OEA sobre la base de la universalidad, un principio
fundamental de los derechos humanos.
De acuerdo con la Representante de Ecuador, los temas tratados
buscan que la CIDH se convierta en promotora de los derechos humanos
en América, y las recomendaciones no solo van dirigidas a la
Comisión, sino también a los Estados miembros y a la Secretaría
General de la organización.
Argumentó que los derechos humanos son universales e
independientes, lo cual no significa que unos sean más importantes
que otros, por lo cual todas las relatorías merecen ser atendidas de
la misma manera.
De las nueve relatorías, sobre los derechos de libertad de
expresión, de la mujer, de los niños, de los pueblos
afrodescendientes, varias no funcionan en toda su capacidad porque
no cuentan con los recursos suficientes, señaló.
Apuntó que la OEA no puede financiar sus operaciones con sus
recursos y acude a aceptar aportes extraordinarios, no solo de los
países miembros, sino de otras fuentes fuera de la organización,
sean o no gubernamentales.
En el caso de la CIDH la situación todavía es más grave, porque
la OEA tampoco puede financiarla y acepta contribuciones de
instituciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que no forman
parte del sistema y podrían imponer sus designios a cambio.