El proyecto de resguardo del Orden Público, conocido aquí como ley Antitomas o ley Hinzpeter prosigue en trámite legislativo en medio de un fuerte rechazo a su aprobación de sectores de la oposición y actores sociales.

Con respecto a su travesía parlamentaria, lo más relevante trascendido a la opinión pública son las adecuaciones que sugirieron hacerle los diputados Marcela Sabat y Pedro Browne, de la oficialista Renovación Nacional e integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. En opinión de Sabat y Browne la iniciativa legal debe modificarse para que no caigan en un mismo saco las personas que se manifiestan pacíficamente con los que provocan actos de vandalismo en las protestas.

Sin embargo, representantes de las bancadas opositoras estiman que el proyecto no procede de ningún modo. Hay demasiadas leyes restrictivas respecto a seguridad y orden público, muchas incluso gestadas en la dictadura, advirtió el diputado Sergio Aguiló. Ilustró, entre ellas, la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad del Estado y el decreto de ley que obliga a solicitar autorización para movilizarse.

Por su parte, la diputada del Partido por la Democracia Cristina Girardi consideró que la norma disfraza la represión hacia los movimientos sociales; pone al mismo nivel actos delictivos con actos de protesta social. Es algo muy peligroso para la democracia, apuntó.

Alertó que esta ley busca legitimar la disposición de las autoridades de poner a los Carabineros y la represión por delante de temas cuya respuesta debe darse en el ámbito político y no en el judicial.

Promovida por el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, la cuestionada legislación penaliza con penas de cárcel a los que participen en tomas de instituciones, un recurso utilizado ampliamente por el movimiento estudiantil y por los trabajadores chilenos para expresar su descontento.

El orden público es para nosotros fundamental. Sin orden público no hay posibilidad de convivencia civilizada, sin orden público es el terror el que se apodera de nuestras calles, subrayó Hinzpeter al presentar ante el Parlamento la cuenta pública de su cartera a fines de diciembre pasado.

El gobierno chileno aspira a que la ley de Resguardo del Orden Público pueda promulgarse antes de marzo.