Aproximadamente 6,5 millones de niños y niñas en América Latina y el
Caribe no están inscritos en los registros civiles de sus países,
situación que atenta contra el pleno disfrute de sus derechos
sociales, económicos, civiles y culturales.
Según el documento "El derecho a la identidad: Los registros de
nacimiento en América Latina y el Caribe", elaborado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se estima que un 10 % de
la niñez menor de cinco años no es registrada oficialmente en la
región.
De acuerdo con la publicación, el derecho a un nombre, una
nacionalidad, una identidad y una existencia legal es decisivo para
la integración social y para que las personas disfruten de sus
derechos, es por ello que el registro y posesión de un certificado
de nacimiento deben ser universales, gratuitos y oportunos.
El registro universal de cobertura a todos los niños y niñas en
el territorio de un país debe ser independientemente de su origen
étnico, sexo, condición económica, origen geográfico o el estatus
migratorio y nacionalidad de sus padres.
La investigación subraya que para alcanzar la universalidad es
indispensable eliminar la discriminación existente en grupos de
población, como los hijos e hijas de migrantes, apátridas o
descendientes de madres solteras, además de ser necesarias acciones
innovadoras centradas en los grupos más excluidos que promuevan
servicios culturalmente favorables para las y los indígenas.
Según el Estado mundial de la infancia 2011, de UNICEF, la
disminución del subregistro durante el 2010 ha sido del 1 %, una
cifra mínima que advierte sobre el riesgo de entrar en una fase de
estancamiento y si la región quiere alcanzar el 100 % de cobertura
de registro para el 2015 deberá de reducir el subregistro en un 3 %
anual desde este año.
La identificación, registro y documentación son las bases
fundamentales para el desarrollo y la gobernabilidad de los Estados,
por lo que el nuevo enfoque de equidad promovido en la región debe
asumirlos con una perspectiva de derechos que ponga especial
atención en los niños y niñas más excluidas, subraya la información.