RAQUEL MARRERO YANES

"Los derechos del individuo son inalienables e imprescriptibles" y "bajo ningún concepto se puede renunciar; tampoco privarlos de ellos a nadie sin hacerse criminal... " Ideas como estas expresó Ignacio Agramonte y Loynaz al defender su tesis de abogado en 1865, las cuales fueron recordadas un día como hoy, hace 38 años, cuando por acuerdo del Consejo de Ministros, tomaron posesión los jueces profesionales y legos del Tribunal Supremo Popular y de los tribunales provinciales en el país.

El acto constituyó un importante paso en el establecimiento de una nueva organización judicial en Cuba, ocasión en la que se le rindió homenaje a la excelsa figura de El Mayor como patriota y jurista en el aniversario 132 de su natalicio.

Desde entonces, los elegidos para representar al pueblo en los actos de justicia, juran acatar y exigir el estricto cumplimiento de la Constitución Socialista, la legislación vigente y el Código de Ética; además de desempeñar el cargo con austeridad, seriedad e integridad, y honrarlo como lo requiere su investidura.

Grande es la responsabilidad que el pueblo cubano ha depositado en ellos; y decisiva, digna, transparente, imparcial y trascendente la misión que desempeñan en cada momento para la Patria.

Según establece la Constitución, la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye. Por su parte, corresponde a la Fiscalía General de la República el control de la legalidad socialista sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la ley.