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Presidente ecuatoriano vetará reformas a ley de función legislativa

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció que vetará las reformas a la ley de la Función Legislativa, aprobadas por una mayoría de oposición y cuyo objetivo estiman es crear caos en la Legislatura y desestabilizar el Gobierno.

La bancada del gobernante Movimiento PAIS considera que las reformas, aprobadas por una mayoría coyuntural de 64 votos del total de 124 asambleístas, forma parte de una maniobra opositora para crear un Estado de ingobernabilidad.

Como nosotros no nos prestamos a cantinfladas ni a circo, vamos a vetar todas las barbaridades que está haciendo la Asamblea, dijo el mandatario al rechazar el argumento de la oposición en el sentido que dicha ley no puede ser vetada por el Ejecutivo.

No nos vamos a prestar a esto. Ellos pueden decidir lo que quieran: esa ley tiene que pasar al Ejecutivo y yo vetaré todas las cantinfladas que está haciendo una oposición desesperada y menos que mediocre, advirtió Correa desde Guayaquil.

Manifestó que en ningún artículo de la Constitución vigente se menciona que la Asamblea puede enviar una ley directamente al Registro Oficial. Eso es inconstitucional por los ocho costados, es inaceptable, subrayó.

Entre las reformas aprobadas este jueves está que el Pleno de la Asamblea podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional con la aprobación de una mayoría absoluta.

Además, que el ámbito de la Legislatura rige en todo el país lo que, según legisladores de la bancada gobernante, podría propiciar que cualquier ciudadano sea llamado a responder ante el Parlamento.

Otra propuesta, que quedó pendientes para el próximo miércoles, es la posibilidad que los ministros de Estado sean llevados directamente al Pleno de la Asamblea Nacional en un supuesto proceso de fiscalización y control político.

Esto es interpretado por los asambleístas del Movimiento PAIS como un afán opositor de protagonismo político, con fines electorales y que desviaría la atención en la aprobación de las leyes.

Otras propuestas, rechazadas finalmente, fueron fiscalizar a las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a la Función Judicial, al Consejo Nacional Electoral, y destituir la actual Comisión Administrativa de la Legislatura, reportó Prensa Latina.

 

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