LEANDRO MACEO LEYVA

Ante la XVII Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP), que comienza hoy y se extenderá hasta el 9 de diciembre en Durban, Sudáfrica, recurre inevitablemente un sinnúmero de interrogantes y retos. ¿Llegarán los gobiernos a un consenso para mantener el Protocolo de Kyoto, que expira a finales del 2012? ¿Lograrán un acuerdo sobre el imprescindible cambio de los actuales patrones de producción y consumo a escala global para transitar hacia un modelo económico verdaderamente sostenible? ¿Acaso los países responsables de la mayor cantidad de emisiones contaminantes asumirán reducirlas sustancialmente? ¿La deuda ecológica de los países desarrollados para con los en vías de desarrollo será finalmente reconocida?

Los pueblos del mundo reclaman una mayor participación en la toma de decisiones gubernamentales sobre políticas medioambientales.

En el 2009, la XV COP en Copenhague resultó un desastre total. "Primaron allí procedimientos antidemocráticos y una total falta de transparencia. Un grupo de países, encabezados por Estados Unidos, el mayor emisor per cápita e histórico, secuestró el proceso de negociaciones e impuso un documento apócrifo que no resuelve, siquiera, los desafíos identificados por las investigaciones científicas más conservadoras sobre el tema", denunció el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, un año después en la cumbre de Cancún.

Aun cuando no pocos coinciden en que Durban es la última oportunidad para salvar al planeta, la cita mantiene el denominador común de sus antecesoras: llega viciada por la falta de voluntad política de los países desarrollados para reducir sus emisiones y asumir su responsabilidad histórica con el cambio climático, determinada por sus insostenibles patrones de producción y consumo.

No se observa disposición por parte de las grandes potencias para lograr un acuerdo justo y balanceado, el cual, de no concretarse significaría perpetuar el egoísmo y la irresponsabilidad, actitud que Cuba ha denunciado como ética y políticamente inaceptable.

Lo anterior nos conduce a un necesario examen de la actitud más resuelta adoptada por los pueblos para frenar la catástrofe climática que vive el planeta, cuya expresión más alta fue la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en Cochabamba (Bolivia), el año pasado, con el llamado a los países industrializados a asumir sus obligaciones con un carácter vinculante.

También en la ciudad sudafricana, de forma paralela, organizaciones indígenas de varias regiones del mundo reclamarán una mayor presencia en la toma de decisiones gubernamentales sobre asuntos del medio ambiente.

Pero, al tiempo que los pueblos claman por soluciones a las consecuencias del cambio climático de las que son víctimas, muchas de ellas irreversibles, las principales economías mundiales —los verdaderos victimarios— absurdamente exigen más implicación a las emergentes, mientras promueven el derroche y el consumo irracional de los limitados recursos del planeta.