La Unión Europea (UE) anunció un "castigo" ejemplar para uno de
sus miembros: España puede llegar a ser multada por su alta tasa de
desocupación.
La medida, que busca dar una imagen de verdadera preocupación por
los ciudadanos europeos, solo es otro punto en la larga lista de
incoherencias que lleva el bloque comunitario.
La orden viene a dar al traste con lo que hasta ahora había
exigido la UE al país ibérico, pues si vamos un mes atrás,
encontraremos a la canciller Ángela Merkel expresando frases como
esta: "España ha hecho mucho, pero tendrá que hacer probablemente
más para recuperar la confianza de los mercados".
No obstante, para recuperar la confianza de la que habla la
Canciller alemana, los gobiernos del Viejo Continente han puesto en
práctica draconianos recortes, que han llevado inevitablemente a una
alta tasa de desempleo, no solo en España, sino en toda la región.
El Gobierno español podría recibir una sanción económica del 0,1%
del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a cerca de mil
millones de euros. ¿Y a dónde iría a parar esta suma de dinero, a un
programa generador de empleos o a un inestable fondo europeo de
recaudación, que solo libera sus activos a cambio de más recortes
sociales?
Resulta irónico multar a un Gobierno que solo ha aplicado al pie
de la letra, complacientemente, el modelo neoliberal y de protección
a los bancos que le han exigido las naciones "duras" de la UE,
dígase Francia y Alemania.
Los ciudadanos españoles no necesitan que se les robe más dinero
de los fondos públicos, que ya se han utilizado para recapitalizar
bancos, sino que se piense verdaderamente en ellos creando un
programa capaz de generar empleos.
Así que vale la pena preguntar: ¿para quién es el castigo, para
el Gobierno o para el pueblo?