El Gobierno de Vietnam analiza estrategias para reorientar el sector agrícola hacia un desarrollo sostenible. Al respecto, se celebró en Hanoi una conferencia del Grupo de Apoyo Internacional en la que intervinieron más de 200 delegados. El ministro vietnamita de Agricultura y Desarrollo Rural, Cao Duc Phat, informó sobre los esfuerzos que realiza el país para elevar en un 20 % la producción vegetal, así como para reducir la tasa de pobreza en las zonas rurales. Se valoraron además las acciones implementadas por Vietnam para reducir las emisiones de carbono en un territorio vulnerable a los efectos de cambio climático. (PL)

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Fernando Soto, afirmó que las relaciones de su país con China se desarrollan en igualdad de condiciones y que el beneficio es mutuo. El líder parlamentario explicó que existen alrededor de 400 acuerdos bilaterales en diferentes sectores. Soto se entrevistó con su homólogo anfitrión, Wu Bangguo, el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Chen Changzhi, y con autoridades de la municipalidad de Shanghai, donde comenzó la visita de trabajo. (PL)

El Gobierno italiano decretó el estado de emergencia en las provincias de La Spezia y Massa-Carrara, en la región noroccidental de Liguria, debido a las inundaciones que causaron siete muertos y numerosos daños materiales. La agricultura también sufrió daños considerables, por lo que la Confederación Italiana de Agricultores solicitó "intervenciones adecuadas y oportunas para cumplir los compromisos con los productores en las áreas trágicamente afectadas por las inundaciones". El Ministerio de Defensa envió a la zona, según precisó su titular, Ignazio La Russa, a 450 militares para que ayuden en las tareas de socorro. (EFE)

El presidente de Uruguay, José Mujica, firmó la ley que restituye la pretensión punitiva del Estado y declara de lesa humanidad los crímenes cometidos por militares y policías durante la última dictadura. El anuncio fue publicado en el sitio oficial de la Presidencia. La promulgación de la norma, de apenas cuatro artículos, fue aprobada por el Congreso. Le toca ahora a la Suprema Corte de Justicia decidir si las denuncias de víctimas y familiares de afectados por la represión son una cuestión legal, ya que podría declararla inconstitucional, como reclama la oposición. (Telesur)

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