La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia evalúa este
lunes observaciones hechas por el presidente Evo Morales a una ley
sancionada antes sobre el Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure (Tipnis).
Esa norma, que establecía una consulta previa sobre la
construcción o no de una vía que atravesaría el corazón de la zona
natural, provocó protestas de una marcha de originarios, reporta
Prensa Latina.
De acuerdo con la convocatoria del vicepresidente del país y
máxima autoridad del parlamento, Alvaro García, la sesión
extraordinaria tendrá como único punto de la agenda el análisis de
esa iniciativa.
La nueva ley, de ser aprobada por la Asamblea, podría ser
promulgada este mismo lunes por Morales junto a los cientos de
nativos que llegaron a La Paz tras recorrer 600 kilómetros desde la
ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni.
Entre las modificaciones que introdujo el dignatario sobresale la
declaratoria de intangible a esa zona natural y que ningún proyecto
carretero lo atraviese.
García afirmó que la Asamblea acompañará las consecuencias
legales que competan los cambios que se darán, de sancionarse las
observaciones.
El fin de semana último, Morales y los dirigentes de la
movilización de nativos llegaron a dos importantes acuerdos.
Uno de los pactos establece que no se construirá caminos que
pasen por el corazón del Tipnis.
En el acta se precisa que se realizará una inspección mixta a esa
zona amazónica en el plazo de un mes.
También la iniciativa señala la prohibición de asentamientos
ilegales y el avasallamiento en el bosque.
Asimismo precisa que al ser presentada la ley, de forma conjunta
se trabajará de inmediato en su reglamentación.
Por su parte, el viceministro de Coordinación con los Movimientos
Sociales, César Navarro, precisó que otro punto en el que llegaron a
acuerdos es el relacionado con el parque Aguaragüe, en el Chaco de
Tarija, y que compete al pueblo guaraní de ese departamento.
Subrayó que la preocupación era exigir una investigación sobre el
mal sellado de algunos pozos que no están en explotación en la zona,
lo que provoca la emisión de gases y la consecuente contaminación.
El acuerdo establece la conformación de una delegación tripartita
entre el Estado, el sector privado y los indígenas, para que en un
plazo no mayor a los 15 días se traslade a la zona para adoptar las
acciones pertinentes, señaló.
Navarro sostuvo que los líderes originarios manifestaron que no
se oponen al desarrollo y a la inversión en el país, lo que echa por
tierra los fundamentalismos ambientalistas que frenan el bienestar
para pobladores de esa zona.
Reiteró que la principal preocupación de los marchistas en
Aguaragüe es impedir los riesgos de contaminación por el mal sellado
de los pozos que estaban a cargo de la empresa Petroandina.
El viceministro destacó los avances en el diálogo al tiempo que
lamentó que ciertas personas que no tienen que ver con las
organizaciones, como son los asesores, algunos extranjeros,
dificultan los consensos.
Asimismo precisó que sobre el tema de tierra se estableció una
metodología de trabajo porque vincula a otros sectores sociales y no
es de exclusividad de uno de ellos.
El gobierno intentó unas 10 ocasiones el diálogo con los
marchistas pero sin los resultados esperados, incluidas unas tres
oportunidades fallidas en La Paz.
Varias autoridades denunciaron, además, la presencia en la
caminata de personas ajenas, vinculadas a partidos políticos de
oposición, que pretendieron desestabilizar al país y promovieron
actos violentos.