La Asociación de cubanos residentes en Nicaragua difundió este lunes un pronunciamiento en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a su país desde hace medio siglo.

A propósito de la votación mañana en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre un documento que recoge la larga lista de afectaciones sufridas por esa nación caribeña a causa de la política de Washington, los cubanos en Managua recordaron su carácter injusto, asesino y extraterritorial, reporta Prensa Latina.

Ese bloqueo económico marcha en paralelo con actos terroristas, que van desde intentos de asesinatos a guerras biológicas con la muerte de centenares de niños, como el caso del dengue hemorrágico y otros cientos de ejemplos, cita el texto.

También resalta que el bloqueo viola el Derecho Internacional, es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y constituye una trasgresión del derecho a la paz, el desarrollo y la seguridad de un Estado soberano.

El daño causado a Cuba es particularmente cruel en la esfera de la salud, expresa, por el sufrimiento que ocasiona a pacientes y familiares al no poder contar, en muchas ocasiones y en el momento necesario, con medicamentos idóneos para la atención de una enfermedad.

El pronunciamiento expone que a pesar de las afectaciones Cuba ha conseguido mantener los logros de la revolución cubana y desarrollarse a niveles del primer mundo en los sectores de salud, educación, cultura, deportes y seguridad social, entre otros.

De acuerdo con el mensaje, el bloqueo es en su esencia y objetivos un acto de agresión unilateral y una amenaza permanente contra la estabilidad de un país, y viola también los derechos constitucionales del pueblo norteamericano, al quebrantar su libertad de viajar a Cuba.

Además, el texto denuncia la injusticia que se comete en Estados Unidos contra cinco antiterroristas cubanos retenidos en ese país desde 1998, cuatro de ellos encarcelados y uno que acaba de salir de prisión, pero deberá permanecer en Miami durante tres años por una arbitrariedad judicial.