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Buscan a exdictador guatemalteco por genocidio

Las autoridades de Guatemala continúan la búsqueda del exdictador Oscar Mejía Víctores con orden de captura en su contra, en tanto otro exmilitar también acusado de crímenes de lesa humanidad fue enviado a prisión, indicó Prensa Latina.

Al exgeneral Mejía Víctores le imputan el delito de genocidio cuando fungía como ministro de la Defensa antes de dar un golpe de Estado en 1983, tras el cual fue presidente de la República hasta 1986.

Hace varios días el Ministerio Público y la policía realizan allanamientos de viviendas en esta capital en busca del otrora militar sin poderlo encontrar, por lo cual ya tiene la categoría de prófugo, pues un juez dictó la orden formal de aprehensión.

Una idéntica pesa sobre el general Luis Enrique Mendoza, quien fuera viceministro de la Defensa en la misma época, y otra originalmente contra Mauricio Rodríguez, un exoficial de inteligencia de alto rango detenido.

Ya en junio fue arrestado el exgeneral Héctor Mario López, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Mejía Víctores pasó a dirigir los destinos de esta nación cuando derrocó a otro general golpista, Efraín Ríos Montt, ahora líder del partido Frente Republicano Guatemalteco y diputado, a quien le achacan desmanes similares durante su mandato.

López aún no es procesado porque la defensa argumenta su padecimiento de cáncer, pero este viernes se realizará una audiencia en el centro médico militar donde está recluido bajo custodia.

La acusación contra todos ellos incluye la planificación y ejecución de planes militares conocidos como de tierra arrasada contra la población indígena, a la cual señalaban como base de apoyo de la guerrilla durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Respecto a Rodríguez, se le señala participación en hechos en los cuales murieron más de mil 700 integrantes de las comunidades autóctonas mayas Ixil, en el departamento de preponderancia indígena de Quiché.

Durante la guerra en esta nación perdieron la vida unas 250 mil personas, de ellas alrededor de 45 mil detenidas y posteriormente desaparecidas, cuya inmensa mayoría fue producto de los planes genocidas del Ejército, los paramilitares y las fuerzas policiales.

 

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