Eduardo Febbro

A seis meses de las elecciones presidenciales, su candidatura está en duda. Varios de los hombres del clan presidencial están procesados o en vías de estarlo. El fiscal de la República, Philippe Courroye, encarna un caso emblemático: está implicado en un espionaje a periodistas. Jueces, ministros y policías están en la mira judicial.

La lista de los hombres del clan presidencial que están en manos de la Justicia ha construido un cerco en torno del presidente francés y empañado la recta final de su mandato. Los semanarios de esta semana reflejan el clima de abismo que envuelve a la presidencia cuando faltan seis meses para las elecciones presidenciales del 2012 donde, hasta hace apenas un mes, Sarkozy parecía seguro de participar. Ahora, los analistas y los editorialistas empiezan a hurgar en los sondeos para ver quién podría ocupar su lugar en caso de que la cuesta abajo continúe tan crítica. Los cuatro grandes semanarios, Le Nouvel Observateur, L’Express, Le Point y Marianne, repiten los mismos títulos: "La caída del Clan", "Fin de Reino", "El Estorbo". Un programa satírico difundido por Canal+ lanzó un concurso bajo la consigna "¿Qué amigo de Sarkozy se salvará de ir a la cárcel?". A los escándalos que persiguen a su guardia más cercana se les pegan los arreglos de cuentas en el seno de la derecha, consecutivos a la pérdida de la mayoría en el Senado, ganada por la izquierda socialista hace unos diez días.

El caso más emblemático de lo que fue la presidencia de Nicolas Sarkozy lo encarna hasta la insensatez el fiscal de la República Philippe Courroye. Este alto responsable del sistema judicial, muy cercano a Nicolas Sarkozy, está por ser procesado debido a su manifiesta implicación en el espionaje de los periodistas del diario Le Monde que investigaban el escándalo L'Oréal y los sombríos vericuetos que ligan a la heredera del imperio de cosméticos, Liliane Bettencourt, con evasión fiscal, el financiamiento oculto de la campaña presidencial del 2007 y una media docena de delitos suplementarios. Que un fiscal de la República oriundo de una de las grandes democracias occidentales ocupe el banquillo de los acusados por espiar a periodistas en un caso que compromete a responsables políticos del gabinete de Sarkozy, en lo concreto al ex ministro de Trabajo Eric Woerth, revela de manera explícita las aguas turbias del poder. Entre otras delicadezas, la jueza Sylvia Zimmermann acusa al fiscal de "colecta de datos con carácter personal por un medio fraudulento, desleal e ilícito". En plena tormenta del escándalo L’Oréal y con las constantes revelaciones de la prensa sobre la proximidad del ministro de Trabajo con Liliane Bettencourt, el fiscal ordenó que se le suministre detalles de los llamados telefónicos de dos periodistas de Le Monde que habían escrito densos artículos sobre la bomba L’Oréal.

La famosa "República Irreprochable" que Nicolas Sarkozy prometió en el 2007 se la llevó la tormenta de los escándalos. La moral política se reduce a un cuento para niños del siglo XIX. Jueces, ministros, policías de alto rango, responsables de los servicios secretos, ninguna cabeza con poder escapa a las sospechas o las citas judiciales. La segunda caja de Pandora que acecha el edificio presidencial es lo que se conoce en Francia como "el caso Karachi". Se trata de una compleja y sangrienta trama de financiación ilegal de la campaña electoral de 1995 a través del pago de comisiones ocultas por la venta de material militar a Paquistán. En 1994, el primer ministro, el conservador Edouard Balladur, en cuyo gabinete Sarkozy era ministro de Presupuesto, vendió a Paquistán tres submarinos por 860 millones de euros. Esa venta dio lugar al pago de comisiones —a los intermediarios— y parte de estas volvieron a Francia para alimentar la campaña electoral de Balladur, que en ese entonces se oponía a quien saldría electo presidente, Jacques Chirac. Una vez en el cargo y con la sospecha de que un porcentaje de las comisiones servía para alimentar las redes de Balladur, Chirac se negó a que se continuara pagando. En el 2002, un coche bomba mató en Karachi a 14 personas, entre ellas a 11 ingenieros franceses de la DCN (Dirección de Construcciones Navales) que trabajaban en la construcción de los submarinos. Las investigaciones concluyeron en dos pistas: Al Qaeda o una venganza por el no pago de las comisiones. En el 2010, una comisión parlamentaria aceptó la tesis de la represalia y luego, con la intervención de las familias de los ingenieros, la Justicia se puso de nuevo en marcha. Lo que salió de allí es negro.

Tres allegados de Sarkozy están bajo investigación: un amigo y consejero, Nicolas Bazire; su ex asesor, Thierry Gaubert, y una de las personas más cercanas al presidente, el exministro de Interior Brice Hortefeux, acusado de violación del secreto del sumario. A este íntimo del círculo presidencial se le descubrió una llamada telefónica en la cual advertía a Thierry Gaubert que su exesposa, la princesa Helena de Yugoslavia, estaba "hablando demasiado". Ni qué decirlo. La princesa había contado a la policía que su esposo viajaba desde Ginebra a París con valijas llenas de plata. Ese dinero, se supone, estaba destinado a financiar la campaña presidencial de Edouard Balladur, cuyo jefe no era otro que Nicolas Sarkozy.