Una petición inédita en el sistema de justicia en Guatemala hizo
la Fiscalía General para juzgar a un exgeneral acusado de ser el
principal responsable de más de 10 mil asesinatos, informó Prensa
Latina.
El Ministerio Público le imputa esos crímenes a Héctor Mario
López, de 81 años, detenido el pasado 17 de junio, además de miles
de desplazamientos y violaciones de mujeres indígenas ordenados como
jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
López desempeñó ese cargo del 1 de septiembre de 1982 al 8 de
agosto de 1983 durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos
Montt.
Por primera vez en este país para un militar de tan alto rango se
hace la solicitud de ser procesado por delitos contra la humanidad
durante el conflicto armado interno, de 1960 a 1996.
Todos aquellos crímenes de las tropas ocurrieron al poner en
práctica los planes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, creados y
ejecutados durante el mandato castrense de López.
Aquellos se desarrollaban como parte de las acciones
contrainsurgentes, fundamentalmente en estrategias trazadas como la
de tierra arrasada para el exterminio masivo de quienes acusaban de
pertenecer o apoyar a la guerrilla.
Esos hechos fueron en buena parte los responsables de los 250 mil
muertos calculados en Guatemala durante la guerra, atribuidos por
estudios en su inmensa mayoría al Ejército, los cuerpos de seguridad
y las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil.
Dicha cifra incluye más de 45 mil detenidos y luego desaparecidos
tanto en las zonas rurales como en las ciudades, sobre todo en las
primeras de ellas donde las comunidades indígenas eran las
principales víctimas.
Entre las evidencias presentadas para la acusación contra López
hay testimonios de familiares de víctimas y los informes de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico y de la Recuperación de
la Memoria Histórica.
La Asociación para la Justicia y la Reconciliación y el Centro
para la Acción Legal en Derechos Humanos destacaron en un comunicado
este hecho histórico, de suma importancia para los miles de
sobrevivientes de aquellos años.
Señalan esperar que el caso del exgeneral continúe tramitándose
como establece la ley y pronto se abran más procesos para quienes
como él ordenaron el genocidio en Guatemala.