España vivirá hoy otra jornada de manifestaciones pacíficas en
rechazo a la decisión del gobierno de introducir en la Constitución
el límite de déficit y a favor de que esa iniciativa sea sometida a
referendo, dio a conocer Prensa Latina.
Madrid será escenario de la protesta central, convocada por el
Movimiento 15-M o de los Indignados, plataforma que nació de manera
espontánea en las redes sociales de Internet para expresar su
hartazgo por la situación política, económica y social de este país
europeo.
No a esta reforma de la Constitución. Abajo el orden de los
mercados y del capital será el lema de la marcha, que partirá esta
noche desde la glorieta de Atocha hasta la Plaza Neptuno, en pleno
corazón de la capital española.
El malestar popular tomará nuevamente las calles luego de que el
gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el derechista
Partido Popular (PP) acordaron el pasado viernes incorporar a la
Carta Magna un techo de gasto para las administraciones públicas.
Al igual que el pasado domingo, cuando hubo movilizaciones en una
decena de urbes, los manifestantes demandarán la realización de un
referéndum para que sean los ciudadanos quienes se pronuncien sobre
el controvertido pacto entre el PSOE y el PP.
En opinión de los Indignados y de sus organizaciones afines, la
medida negociada entre las dos fuerzas políticas mayoritarias de
España fue redactada al dictado de los mercados financieros y de los
gobiernos neoliberales de las potencias europeas.
Advirtieron que la reforma en la Ley Fundamental, a aprobarse
mañana en el Congreso de los Diputados (Cámara baja), se toma en un
país cuyo principal problema no es la deuda pública, sino la deuda
privada, fundamentalmente de los bancos.
Con la excusa de ordenar las finanzas, pretenden (PSOE y PP)
imponer el beneficio de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría,
denunciaron la víspera los miembros del 15-M durante una asamblea
celebrada en la Puerta del Sol, símbolo del movimiento.
Socialistas y conservadores sellaron un acuerdo para anexar a la
Constitución un principio genérico de estabilidad presupuestaria, el
cual impide a las administraciones públicas incurrir en un déficit
estructural que supere los márgenes exigidos por la Unión Europea.