El expresidente colombiano Álvaro Uribe prestará hoy declaración
libre ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes
por el escándalo de espionaje ilegal durante su administración
(2002-2010), informó Prensa Latina.
Después de casi dos meses de su primera audiencia, que fue
suspendida, se espera que en esta oportunidad Uribe explique si tuvo
o no responsabilidad en el referido escándalo.
Esa primera diligencia se llevó a cabo el pasado 16 de junio,
pero se suspendió luego de una recusación presentada por el
representante de las víctimas Luis Guillermo Pérez, a dos de los
tres miembros de la Comisión.
En esa oportunidad Pérez recusó a los investigadores Yahir Acuña
y Heriberto Escobar, al considerar que las indagaciones por la
presunta responsabilidad de Uribe por espionaje ilegal presentaron
irregularidades.
Escobar renunció a seguir en el proceso, tras lo cual el
triunvirato se desintegró y solo dos investigadores Acuña y Carlos
Edward Osorio- adelantarán la diligencia.
En la audiencia, en esta ocasión cerrada al público, estarán
presentes algunas de las víctimas de lo que aquí se conoce
eufemísticamente como chuzadas (interceptaciones y seguimientos
ilegales), de acuerdo con trascendidos.
Dichas interceptaciones y seguimientos ilegales fueron ejecutados
por el controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS,
policía secreta) contra magistrados, opositores, periodistas y
defensores de derechos humanos, fundamentalmente.
Ese órgano de inteligencia está directamente subordinado a la
Presidencia, por lo que las víctimas consideran que una operación de
tal magnitud debió contar con la anuencia del jefe de Estado.
De ahí que la Comisión de Acusación busque establecer si el
exmandatario es culpable por acción u omisión de espionaje ilegal.
En tanto las pesquisas, nuevas evidencias, confesiones y
testimonios demostraron cómo el DAS tenía entre uno de sus
principales objetivos -por medio de las chuzadas- desacreditar y
atacar a ciudadanos de relevancia nacional.
Si bien desde 2009, cuando se desató el considerado el peor
escándalo en la historia institucional del país, ya se mencionaba la
activa participación de altos funcionarios ligados a la
administración de Uribe en el hecho, durante 2010 se comprobó por
primera vez esa presunción.