La recién promulgada ley para utilizar en instituciones del Estado bienes de procedencia ilícita decomisados tiene hoy su primera expresión práctica en Guatemala.

Dos juzgados emitieron sendas sentencias en relación con la Ley de Extinción de Dominio y autorizaron el uso de más de 700 mil dólares antes pertenecientes al crimen organizado.

Esa suma la incautó la Policía Nacional Civil en dos momentos distintos a ciudadanos, uno de ellos colombiano, que pretendían sacar el dinero del país sin declararlo por el aeropuerto internacional capitalino.

La decisión judicial se basa en la procedencia ilegal de ese efectivo presumiblemente en casos de blanqueo, por lo cual será enviado al Consejo de Extinción de Dominio, creado para poner en práctica la norma, advirtió Prensa Latina.

De acuerdo con lo divulgado, en breve ese ente lo repartirá entre el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobernación y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La Ley, cuya vigencia data del pasado 29 de junio, permite la propiedad y uso de bienes confiscados a quienes los acumularon por delitos de corrupción o comunes como la estafa.

También incluye los característicos del crimen organizado, de ellos secuestros, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

Esa herramienta legal, aprobada por el Congreso en diciembre de 2010, otorga diversos porcentajes de lo decomisado a organismos e instituciones de los poderes del Estado para invertirlos en su gestión.

De tal manera, el 25 por ciento irá a los fondos privativos del Organismo Judicial, el 20 por ciento cubrirá los gastos de las unidades especiales de investigación e igual cantidad será destinada al MP.

De 18 por ciento dispondrá la cartera de Gobernación, de 15 la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y del restante dos la PGN.

Antes de que los diputados aprobaran la norma, lo capturado en operaciones contra ciertas actividades ilícitas, sobre todo el narcotráfico, quedaba paralizado sin tener un destino utilizable, mientras las autoridades penaban por beneficiarse con ellos.