ANGIE TODD

Hace 26 años, el municipio londinense de Tottenham explotó de rabia por la muerte de Cynthia Jarrett durante un registro de su casa por la policía, después del arresto de su hijo Floyd bajo la sospecha de manejar un vehículo con una tarjeta de circulación falsa.

Tras los disturbios, el primer ministro decidió “tolerancia cero” en las calles británicas.

Ella vivió en el Broadwater Farm, un complejo habitacional que en sus inicios fue modelo de viviendas públicas del gobierno laborista, pero transformado en un ghetto sin salida en los ochenta como consecuencia del abrazo al neoliberalismo de Margaret Thatcher, con una alta población afrocaribeña, constantemente acosada por la policía en lo que se conoció como "la política de detener y registrar".

No es por casualidad que las actuales manifestaciones en el Reino Unido empezaran en ese mismo barrio, esta vez, otra vez, como reacción por la muerte a tiros policiales de Mark Duggan, un afrocaribeño joven, padre de cuatros niños. Treinta y seis horas después, su familia todavía no había recibido ninguna explicación de su muerte. Algunos centenares de personas hicieron una manifestación pacífica frente a la comisaría local. "Queremos respuestas, justicia", gritaron. Se dice que un policía empujó a una joven y, una vez más, estalló la ira. Inicialmente enfocada en la policía, se extendió velozmente a otros barrios de Londres y las ciudades del centro y el norte del Reino Unido, convirtiéndose en una expresión encendida de las contradicciones de un sistema intensivo de consumismo, que "tiene todo lo que uno quiere comprar, pero no puede".

El paquete neoliberal de la otrora Primera Ministra (1979-1990) Margaret Thatcher se tradujo en cuatro millones de desempleados, limitaciones en los gastos públicos y una privatización galopante. Todo eso golpeó fuertemente a las comunidades inmigrantes, en particular a las nuevas generaciones, hijos e hijas de caribeños, hindúes, paquistaníes y africanos, quienes suministraron la fuerza de trabajo para el boom inglés después de la Segunda Guerra Mundial.

Durante los ochenta hubo motines en las ciudades con concentraciones más grandes de este sector de la población: 1980 – St. Paul’s, Bristol y Brixton, Londres; 81, Brixton; 1985, Tottenham, Londres; 1987, Chapeltown, Leeds, y 1989, Dewsbury, Manchester.

Poco ha cambiado en estos 26 años, aparte de la realidad de que la exclusión vivida por las nuevas generaciones de jóvenes negros se extendió a sectores de jóvenes blancos del país. La erosión de la educación pública y gratuita y su comercialización por el gobierno laborista de Blair, otro apóstol del neoliberalismo, fueron seguidas de la restauración por la coalición conservadora de la educación superior para una elite adinerada.

En el mismo Tottenham, los recortes aplastantes impuestos por el dúo Cameron-Clegg privaron a la municipalidad de 41 millones de libras esterlinas de su presupuesto, la abolición de su estipendio educacional que era el apoyo para que miles de jóvenes asistieran a los colegios, y la de-saparición del 75 % de sus servicios para la juventud.

Al regresar de sus vacaciones en Tuscany, Italia, 72 horas después del inicio de la insurrección, Cameron entonó: "Lo que hemos visto es totalmente inaceptable, el vandalismo, puro y sencillo". No ofreció condolencia alguna a la familia de Mark Duggan; ya la policía había confirmado que él no fue muerto en un tiroteo, como afirmó originalmente, y que Duggan no había utilizado el arma supuestamente en su posesión.

El análisis de Cameron de la crisis —largamente repetido por políticos y los medios—, según el cual esta nació de una violencia ciega, reflejó un líder que da más importancia a las propiedades comerciales y a la sociedad de consumo que al bienestar de sus ciudadanos en su conjunto. De hecho, el estallido fue una expresión esencialmente política de una crisis humana y económica.

La mayoría de los británicos jóvenes que tomaron las calles saben que forman un sector excluido sin esperanza de avanzar dentro de las estructuras legítimas, sin voz y sin poder.

Laurie Penny, una escritora y bloguera londinense de 24 años, citó un reportaje de NBC, cuando se le preguntó a un joven en Tottenham si causando disturbios realmente lograría algo:

"Sí —dijo el joven—, no estaría hablando conmigo si no hubiéramos causado estos disturbios. Hace dos meses, más de 2 000 de nosotros marchamos a Scotland Yard, todos negros, pacíficamente, y ¿sabes?, ni una palabra en la prensa. Anoche, un poco de insurrección y saqueo y mira a tu alrededor."

Él se refería a una marcha por un número de municipalidades londinenses hasta New Scotland Yard, la sede de la Policía Nacional, para protestar contra la muerte durante un registro de su casa de Smiley Culture, un conocido artista de reggae durante los 80s, y para demandar justicia para todas las víctimas de la brutalidad policial. En los últimos 10 años, 400 miembros de la comunidad afrocaribeña en el Reino Unido han perdido la vida a manos de la policía o en detención policial.

Y continúa Laurie Penny: "No es un ataque de vez en cuando a la dignidad, es una humillación reiterada".

Ahora, muchas de las ciudades británicas, despojadas de sus bases industriales y cuyos pobres son vistos como disfuncionales, están llenas de policías autorizados a utilizar las balas de goma (en el norte de Irlanda su uso se remonta a los años 60). Las cortes están procesando a los jóvenes las 24 horas del día. Las detenciones ya rondan las 3 000. Como apeló una mujer mayor afrocaribeña, que bien podría ser la abuela de algunos de ellos: "Que no usen la fuerza contra la fuerza".