SAN SALVADOR, 17 agosto.— Centenares de personas exigieron hoy a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolver el caso de exmilitares salvadoreños requeridos por España para responder por la muerte en 1989 de seis sacerdotes y dos empleadas.

La protesta pacífica, convocada por organizaciones de derechos humanos, criticó la actuación de los magistrados respecto a los nueve exoficiales, refugiados desde hace más de una semana en un cuartel militar.

La CSJ argumentó que no puede resolver el caso porque la policía no ha cumplido la orden de captura de los acusados y no se conoce un escrito oficial para analizar el caso y la posible extradición a España.

La Policía Nacional Civil (PNC) alega que no ha podido detener a los nueve exoficiales porque se refugiaron en un cuartel cuando se aprestaba a cumplir el pedido de la Policía Internacional (Interpol).

El subdirector de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Abrahán Abrego, pidió a la CSJ tramitar la petición de la Audiencia española.

Dijo que se ha retrasado mucho la decisión y no considera válido el argumento de que hay una Ley de Amnistía, ya que la Sala de lo Constitucional de la CSJ determinó en 2000 que esa legislación tenía excepciones.

Otros activistas de derechos humanos agrupados en la Concertación Nacional por la Democracia, la Justicia y la Dignidad exigieron castigo a los culpables del crimen y reiteraron su consigna:Más justicia, menos impunidad .

El caso de los exmilitares recordó a la sociedad que aún no cerraron las heridas abiertas por la guerra interna que sufrió este país de 1980 a 1992 y confirmó que no ha sido completa la reconciliación a pesar de los Acuerdos de Paz.

En ese marco, una organización de derechos humanos informó desde San Francisco que Inocente Orlando Montano, uno de los 20 exmilitares salvadoreños acusados por el asesinato de los seis jesuitas y dos empleadas, reside en el suburbio de Everett, Boston, Estados Unidos.

El Centro de Justicia y Responsabilidad recordó que una comisión de la ONU confirmó en 1993 que Montano participó en una reunión donde se planeó el asesinato.

El presidente de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Alfredo Cristiani, objetó el sábado último la orden de captura internacional contra exmilitares salvadoreños implicados en esos crímenes.

Cristiani, quien era gobernante de El Salvador (1989-1994) en el momento en que ocurrió la masacre (16 de noviembre de 1989), consideró que la solicitud de la Audiencia Nacional de España atenta contra la soberanía.

También advirtió que si los militares fueran extraditados y juzgados en España eso provocaría posibles temas de confrontaciones y se podría abrir otros casos similares.

En tanto, el arzobispo capitalino, monseñor José Luis Escobar Alas, recordó el domingo último que la Iglesia católica se pronuncia a favor de la necesidad del esclarecimiento de todos los crímenes.

Pero calificó al proceso contra los militares de una "situación especial, en que la ley de amnistía decretada en 1993 tras la firma de los Acuerdos de Paz talvez sea la mejor forma de lograr la reconciliación del país .

"Quisiéramos que prevaleciera la verdad y la justicia pero por encima de todo la paz, y habría que ser prudente, dijo.

El viernes último un grupo de areneros marcharon hacia la embajada española para reclamar al país europeo respeto por la soberanía salvadoreña.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador se pronunció porque el caso sea resuelto en las instancias judiciales que lo ventilan con apego estricto al derecho.