La justicia francesa abrió oficialmente la investigación
anunciada de la actual directora gerente del FMI, Christine Lagarde,
encaminada a dilucidar el rol de la ex ministra de Economía en un
pleito saldado con dinero público.
Aunque lo sabía antes de su elección al frente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Lagarde tomó su riesgo y se encuentra
sujeta a un proceso por supuesto abuso de autoridad, complicidad en
malversación y en falsificación.
Estas sanciones previstas en el código penal son susceptibles de
penas de diez años de prisión y 150 mil euros de multa.
Los cargos alegados por la Corte de Justicia de la República (CJR)
emanaron por la forma en que manejó un litigio entre el empresario
galo Bernard Tapie y el otrora banco estatal Crédit Lyonnais, por la
venta del grupo Adidas entre 1993 y 1994.
Para solucionar el caso la ex titular recurrió a un arbitraje
privado, un tribunal que finalmente falló en beneficio de Tapie,
quien recibió 285 millones de euros de indemnización en 2008 (400
millones en total con los intereses).
El fiscal Jean Louis Nadal exigió a la CJR abrir una pesquisa por
considerar que todas estas piezas remitidas aportaban razones para
sospechar de la legalidad de la liquidación por diferencia de
arbitrio que pueden definir el delito de abuso de autoridad.
Con todo, la CJR se pronunció por la apertura de una
investigación que adicionó la acusación de sospecha de complicidad
en malversación y en falsificación.
Lagarde es increpada ahora por haber acudido a un arbitraje
privado tratándose de fondos públicos, por conocer la parcialidad de
algunos de los jueces y por no contestar la decisión pese a ser
advertida por algunos especialistas.
Una apuesta peligrosa, dijeron entonces algunos observadores, que
notaron en todo caso que un proceso de tal magnitud puede durar en
Francia 10 años, tiempo suficiente para que Lagarde cumpla hasta dos
mandatos al frente del FMI.
Yves Repiquet, abogado de Lagarde, declaró que este proceso no es
incompatible con las funciones de directora gerente.
Pueden tardar meses o años para completar la investigación y
determinarse si la ex ministra deberá ser juzgada o tendrá derecho a
un no hay lugar, según los términos del derecho, reportó Prensa
Latina.