Cuatro de los participantes en una masacre de 268 campesinos guatemaltecos durante el conflicto armado interno aguardan hoy en prisión el proceso judicial en su contra.

La decisión de una jueza del juzgado primero de alto riesgo de llevarlos a juicio renueva la esperanza de familiares de las víctimas en poderles pasar cuentas a pesar del largo tiempo transcurrido.

Estos implicados son un excomisionado militar y tres exmiembros de las desaparecidas fuerzas paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) acusados por la matanza perpetrada en la aldea Plan de Sánchez, Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 18 julio de 1982.

En una denominada audiencia de primera declaración todos se declararon inocentes, pero aún así la jueza los envió al penal preventivo de esta capital con cargos de asesinato y delitos contra deberes de la humanidad.

Los implicados fueron capturados a poco de haberse dictado una histórica sentencia para cuatro exmilitares por la masacre de unos 250 campesinos el mismo año en la aldea Dos Erres, demarcación de Petén, a cargo de tropas elite del Ejército, los kaibiles.

En esta ocasión las autoridades informaron que restan más detenciones por aquella acción castrense hace 29 años, en la cual tuvieron relevante participación las PAC.

Sobrevivientes y parientes de las víctimas presentaron en 1996 una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó en 2004 al Estado de Guatemala.

La masacre ocurrió durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), al igual que la de Dos Erres, y el proceso estuvo detenido por varios años.

A raíz de estos arrestos los medios de prensa recuerdan los hechos acaecidos en Plan de Sánchez, uno de los tantos denunciados tras concluir la guerra (1960-1996) cuyos responsables fueron las fuerzas de seguridad en cumplimiento de políticas oficiales.

Los pobladores de Plan de Sánchez eran acusados por los militares de pertenecer a la guerrilla, pues se negaban a integrarse a las PAC.