Hace este martes seis años que un tribunal estadounidense declaró nulo el juicio celebrado en Miami contra los cinco antiterroristas cubanos; sin embargo, maniobras políticas y artilugios legales permiten que aún continúen en prisión.

Como resultado de ese juicio, concluido en diciembre de 2001, Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González, fueron sentenciados a penas que van desde doble cadena perpetua más 15 años, hasta 15 años de cárcel, reporta Prensa Latina.

Luego de conocer las sentencias, Los Cinco, como se les conoce en las campañas internacionales por su liberación, pidieron la revisión de la causa ante la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, situado fuera de Florida, en Atlanta, Georgia.

Más de un año duró la revisión de los documentos del caso hasta que el 9 de agosto de 2005, un panel de tres jueces de esa instancia hizo pública su opinión.

En un detallado análisis de 93 páginas, los magistrados revocaron las condenas sobre la base de que los Cinco no recibieron un juicio justo en Miami. Fue ordenado un nuevo proceso judicial.

Los letrados evaluaron que era imposible un proceso imparcial en esa ciudad del sur de la Florida debido a los prejuicios y animosidad existentes contra Cuba en dicha comunidad.

Pero en particular los jueces reconocieron la evidencia presentada por la defensa en el tribunal miamense, en la que salió a flote el historial de acciones terroristas planificados en contra de la isla caribeña por grupos violentos radicados en Florida.

En el informe de 93 páginas se cita incluso en una nota al pie, al criminal internacional Luis Posada Carriles a quien recalifica como lo que es: un terrorista.

Un contexto que fue sustentado por la conducta de la prensa, pagada por el gobierno estadounidense para promover un ambiente de odio contra los inculpados, incluso esa actitud llegó al punto de la intimidación a miembros del jurado, abogados y testigos.

Consta que la propia jueza se quejó en múltiples ocasiones y solicitó al gobierno que pusiera fin a una situación que como un grito a voces violaba las normas del debido proceso.

Se creó toda una tormenta perfecta, que condujo a la opinión unánime de 2005: en bien de la justicia se anuló aquel proceso, pero lamentablemente, presiones del gobierno de George W. Bush invalidaron lo que entonces fue un justo fallo.

En aquel momento el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, expresó que se había producido una decisión muy importante.

Lo que implicaba el reconocimiento de que se trataba de un proceso judicial viciado, en el cual se violaron una serie de normas fundamentales del derecho.

Pero meses antes, en mayo, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas había advertido que el arresto de los Cinco fue arbitrario e ilegal, y en consecuencia reclamó su liberación inmediata.

Seis años después de aquel dictamen, los Cinco permanecen encarcelados, decisión a la cual se oponen premios Nobel, Parlamentos enteros y un amplio movimiento internacional que exige al gobierno de Estados Unidos y en especial al presidente Barack Obama, su liberación.

Una convocatoria que en este instante pone énfasis en la situación de Hernández, condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años pese a que a la Casa Blanca le resultó imposible sostener su principal acusación contra él: el cargo tres, referido a una supuesta conspiración para cometer asesinato.

El curso normal del caso de Hernández desde el punto de vista jurídico acabó, pero se apeló a un procedimiento extraordinario (habeas corpus), oportunidad que se otorga por una sola vez a los penados cuando se agotaron sin éxito todos sus recursos legales.

Hace apenas unas semanas el Parlamento cubano tomó un acuerdo de urgencia a favor del prisionero, pues los próximos días serán concluyentes respecto a su habeas corpus.

Sin embargo, como en ocasiones anteriores, le han interpuesto nuevos obstáculos, los cuales son adicionales a su situación carcelaria extrema.

A Hernández en este periodo crucial se le han creado dificultades adicionales para la comunicación con sus abogados y con los funcionarios consulares cubanos, se le restringe o impide el acceso a la correspondencia, incluida la de carácter legal relacionada con su caso, señaló el acuerdo de los diputados.