La ley de Telecomunicaciones promulgada en Bolivia permite el
acceso universal a los servicios de información, comunicación y
postal, destacó hoy una fuente gubernamental.
De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, la
norma defiende el derecho de los sectores con menores ingresos y de
aquellos grupos con necesidades especiales de acceder a estos
servicios bajo parámetros de calidad y precios accesibles.
En términos generales, la disposición legal, suscrita la víspera
por el presidente Evo Morales antes de viajar a China, prevé los
derechos relacionados con la comunicación, educación, acceso al
conocimiento, ciencia, tecnología y cultura, explicó.
Según reporte de Prensa Latina, el Gobierno también garantiza la
privacidad de la comunicación por cualquier medio tecnológico o
postal en concordancia con la Constitución Política del Estado (CPE).
Romero señaló que la medida establece además que esas
comunicaciones no pueden ser interceptadas, interferidas,
obstruidas, alteradas, desviadas, utilizadas, publicadas o
divulgadas, salvo en los casos determinados por ley.
La nueva disposición define el plan nacional de frecuencias que
reglamenta el uso equitativo y eficiente del espectro
radioeléctrico.
La iniciativa establece que las frecuencias de radiodifusión se
dividen en un 33 por ciento para el Estado, igual cantidad destinada
al ámbito comercial, 17 por ciento para el sector social comunitario
y similar porcentaje a los pueblos indígenas originarios y
campesinos.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Planificación de la
Cámara de Diputados, Marcelo Elío, apuntó que el objetivo es
garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente de esos
recursos.
Recordó que el proyecto fue enriquecido durante más de un mes con
las observaciones y sugerencias de los distintos sectores sociales
involucrados en el tema.
Elío igualmente aseguró que la nueva norma garantizará el espacio
electromagnético para todos los medios, a partir de la distribución
equitativa y democrática, con igualdad de condiciones entre el
Estado y el sector privado.