El caso de los cinco antiterroristas cubanos presos en cárceles de Estados Unidos desde 1998 muestra un profundo desequilibrio del sistema jurídico del país norteño, afirmó la abogada Nuris Piñero.

"Cuando reflexiono sobre este proceso, me confirmo que existe una falta de equilibrio muy grave, generada por un conflicto entre la justicia y el derecho", declaró a Prensa Latina la directora general de Bufetes de Servicios Especiales y abogada de los familiares de los Cinco.

Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y René González cumplen severas condenas por informar sobre planes de acciones violentas contra Cuba fraguados por grupos terroristas basados en territorio norteamericano.

Es obvio que el caso de los Cinco -como se les conoce en el mundo- es político, para nada es un caso criminal, pues todas las garantías y los derechos que lo deben asistir dentro del sistema judicial norteamericano fueron negados.

Gracias a la solidaridad internacional, luego de hacerse público el proceso, las personas amantes de la paz o con vocación por la justicia cuando reciben información sobre ellos se suman a la campaña por su liberación.

Incluso -añadió- muchos poseen ideologías diferentes a la nuestra, pero su humanismo le permitió constatar cómo fueron quebrantados sus derechos.

Una persona -señaló la jurista- que enfrente un proceso penal tiene que presumir de inocente hasta no sea probado lo contrario y se debe respetar el derecho a conocer de qué se le acusa, pero para los Cinco esas consideraciones estuvieron ausentes.

"En el caso de los Cinco, la justicia se fue por la ventana porque la política se adueño de la sala de impartir justicia, de ahí que justicia y derecho estén en un total conflicto", sentenció la abogada.

Las declaraciones de Piñero fueron formuladas en el contexto del V Encuentro Internacional: Escuela de Verano de La Habana 2011 sobre Derecho Internacional Público y VII Seminario-Taller sobre Derecho Internacional Humanitario celebrado recientemente.

Contra con los Cinco se presentaron 26 cargos por separado, 24 de ellos relativamente menores y más bien técnicos.

Uno de los 24 era el no registrarse como agentes extranjeros ante la Fiscalía General de los Estados Unidos.

Los acusados estuvieron de acuerdo con este cargo, pero les impidieron explicar que bajo una doctrina de las leyes estadounidenses conocida como la Defensa de Necesidad ellos debían ser perdonados por no haber cumplido con ese tecnicismo.

Su misión implicaba la protección de vidas humanas, evitar daños a propiedades y prevenir actos terroristas y, según las leyes norteamericanas, se puede técnicamente violar una regulación establecida por la ley si lo está haciendo para evitar un daño mayor.