LA PAZ,. — La defensa de las tradiciones culturales y la identidad nacional es una de las prioridades del gobierno boliviano, en particular el acullico o masticado de la hoja de coca.

Para lograrlo, la nación andina anunció que presentará en Naciones Unidas una denuncia a la Convención Única de Estupefacientes de 1961, con el objetivo de manifestar su desacuerdo con los mecanismos que mantienen a la milenaria planta en la lista de estupefacientes.

Sin embargo, esas gestiones, completamente adscritas a las normas del Derecho Internacional, han sido malinterpretadas por algunos medios de comunicación e instituciones, según el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde.

En tal sentido, refiere a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la cual aduce que Bolivia decidió retirarse de dicha Convención.

Alurralde aseguró que Bolivia no estará ni un solo día fuera de del pacto y que cumplirá sus disposiciones en la lucha contra el narcotráfico.

Explicó que antes del 1de enero de 2012, fecha en que surtirá efecto la denuncia, el país solicitará su reingreso a la Convención, pero con una reserva en defensa el acullico.

El vicecanciller aclaró que la observación boliviana no es a todo el pacto, sino a algunos incisos del artículo 49.

Según lo allí estipulado, desde hace 25 años no deberíamos siquiera consumir mate de coca o usar sus propiedades medicinales, acotó.

Por ello criticó la prohibición, pues irrespeta la esencia multicultural de Bolivia y otros países como Perú y Ecuador donde también realizan esa práctica.

La autoridad añadió que la denuncia se basa además en la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas (2007), la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, entre otros.

Argumentó que con la solicitud de reingreso, el país permanece automáticamente en el pacto.

En cuanto a la presentación de la reserva, apuntó que los 183 países miembros, sin contar a Bolivia, tendrán un plazo de un año (hasta enero de 2013) para evaluarla, y de ser aprobada solo será aplicable a la nación andina.

Son necesarios dos tercios de votos para evitar el progreso de la solicitud, lo cual consideró poco probable.

Lo que entra en votación es la reserva, pero no la permanencia de Bolivia en la Convención.

En los últimos meses, la diplomacia boliviana ha llamado la atención sobre un estudio presentado en 1990 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre los beneficios de la coca.

La investigación fue proscrita por Estados Unidos con el argumento de que faltaba la opinión de otros expertos internacionales, por lo que consideró absurdo que por la oposición de un solo país se invalide un estudio de tal envergadura.

Por ello, actualmente el ministro de Relaciones Exteriores y Cultos del país suramericano, David Choquehuanca, encabeza trámites para que se libere el informe de la OMS, el cual asegura que la coca tiene un montón de propiedades que pueden servir a la humanidad.

Según esos estudios, la planta en su estado natural no es dañina, por lo que tiene que ser eliminada de la Convención Única de Estupefacientes de 1961.

Otras acciones de Palacio Quemado en el tema están relacionadas con el aprovechamiento de todo espacio bilateral y multicultural, lo cual cuenta con el respaldo de organizaciones como el Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina de Naciones.

Otra de las voces en esta temática es la del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien aseguró recientemente que insistirán ante los organismos internacionales en defensa del masticado de la hoja de coca.

Llorenti también ha sido defensor de los resultados en los últimos cinco años en la lucha contra el narcotráfico.

En lo que va de año, el gobierno boliviano erradicó cerca de cinco mil hectáreas de cocales ilegales y decomisó más de 11 toneladas de cocaína, según fuentes oficiales.